#NiUnaBataMenos, a 6 años del megamovimiento estudiantil

PUEBLA, Pue., 13 de febrero de 2026.- El asesinato de cuatro jóvenes en febrero de 2020 marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Puebla y detonó una movilización estudiantil sin precedentes bajo el lema #NiUnaBataMenos, que paralizó la entidad durante varias semanas.

Los hechos se registraron la noche del 23 de febrero de 2020, cuando los jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras asistir al Carnaval de Huejotzingo. Sus cuerpos fueron localizados la mañana del 24 de febrero en un camino de terracería de la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

Las víctimas fueron Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa, estudiantes de intercambio colombianos en la UPAEP; Francisco Javier Tirado Márquez, alumno de la BUAP, y José Emmanuel Vital Castillo, conductor de Uber.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo y procesó a Lisset N, Pablo Jesús N y Ángel N, integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en la región centro del estado.

Tras más de dos años de proceso judicial, en abril de 2022 un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 68 años de prisión para cada uno, por homicidio calificado y robo de vehículo agravado.

Durante la investigación se mencionó una posible discusión previa durante el carnaval; sin embargo, el móvil acreditado ante el tribunal fue el robo del vehículo.

El hallazgo generó una reacción inmediata en la comunidad universitaria. Estudiantes de medicina de la UPAEP y la BUAP colgaron batas blancas y estetoscopios en rejas universitarias y en Casa Aguayo como símbolo de duelo y exigencia de justicia.

El 25 de febrero de 2020, miles de estudiantes marcharon hacia la sede del gobierno estatal e inició un paro académico. El 5 de marzo se realizó la “megamarcha”, con más de 150 mil personas.

Las protestas derivaron en la creación de la Asamblea Estudiantil 25 de Febrero, que agrupó a estudiantes de más de 80 instituciones y estableció mesas de diálogo con autoridades estatales.

La presión social obligó a reforzar la atención a delitos contra estudiantes, implementar medidas de transporte seguroy mantener diálogo con el gabinete de seguridad. El movimiento se detuvo con la llegada de la pandemia de COVID-19, mientras el proceso judicial continuó hasta la sentencia de 2022.