Columna Descomplicado/Jorge Robledo
El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, le entró al toro por los cuernos al comparecer ante diputados del Congreso local.
Para ubicar el rango militar del vicealmirante de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), es similar a un General de Brigada del Ejército, lo que hace sentido con las respuestas a los legisladores que lo cuestionaron.
Sánchez González fue directo y tajante al referirse a las dificultades para combatir a las bandas delictivas en la ciudad capital, municipios conurbados y en las regiones rurales: la capacidad de fuego.
Fiel a su vocación y formación castrense, el titular de la SSP respondió que “para enfrentar a los grupos delictivos hacen falta aeronaves, armas de alto calibre y tecnología, equipo que únicamente pueden aportar las Fuerzas Armadas”.
El encargado se la seguridad pública del estado tiene la razón, y se justifica en la medida que los civiles encargados de la gobernanza y legislar, militarizaron los mandos policiales en los estado y municipios, pero sin darles fusiles para ir al frente, dicho de manera coloquial.
En la evaluación de las limitaciones de las corporaciones policiales en el estado, el vicealmirante expuso lo ridículo y limitado del equipamiento y armamento de los policías municipales.
Los casos más patéticos -eso lo afirmo- son los policías municipales preventivos en municipios rurales que asumen esa responsabilidad como una “chamba”, son allegados del partido gobernante o amigos del comandante, pero sin formación policial alguna, lejos de ser profesionales.
Con todo respeto -también apunte de este columnista- muchos de esos policías en la zona rurales y urbanas dejan la labor agrícola o cualquier otro oficio -o para salir del desempleo- para vestir el uniforme de policía, sin mediar capacitación alguna, con salarios de hambre.
Pero hay más, como de película mexicana de la “Ley de Herodes”, los policías son utilizados por los alcaldes para hacer menaje de casa de funcionarios, servir de choferes para llevar y traer al comandante de su casa a la oficina; llevar las viandas y las bebidas de las fiestas familiares del edil; transportar a las esposas de los funcionarios o a la asistente de la oficina en la comandancia, o acarrear material de construcción para el segundo piso de la casa del alcalde, del síndico o del regidor.
Aún y cuando los ayuntamientos deben invertir más en seguridad pública para un mejor armamento con mayor poder de fuego no sería suficiente porque no están adiestrados ni capacitados en el manejo de armas.
Seguirán en desventaja los policías municipales -e incluso los estatales en Puebla- mientras los delincuentes utilizan armas de alto poder, y las bandas criminales están nutridas de exmilitares nacionales o del extranjero, así como exguerrilleros de centro y Sudamérica.
El problema de la seguridad pública no es solo de capacidad de fuego, y en efecto son los militares los capacitados para hacer frente a los grupos o células armadas del crimen organizado, empero el acompañamiento en la estrategia preventiva es fundamental para la procuración de justicia en la acreditación de los ilícitos cometidos por delincuentes.
No es fácil la tarea de los policías preventivos, deben ser capacitados en las labores propias para hacer frente a la delincuencia que comete ilícitos con violencia, pero deben tener una formación y carrera policial integral, porque son los nuevos tiempos, de alta criminalidad.
Referirse a la “paz narca” en Puebla, ni al caso, menos tratándose de militares de carrera en mandos policiales en el estado y municipios, porque es delicado este momento donde no tienen cabida la simulación o la complicidad con la delincuencia, pese a existir casos aislados.




