Laudos del Gobierno de Puebla: el caso Abelardo Cuéllar

PUEBLA, Pue., 7 de octubre de 2025.- El Gobierno de Puebla enfrenta en la actualidad una deuda de alrededor de mil millones de pesos por laudos laborales, problema heredado desde administraciones panistas.

Lo informado el lunes por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, es un tema que ha vivido diversos episodios en el Gobierno de Puebla, siendo el enfrentamiento entre el exgobernador Luis Miguel Barbosa y el exsecretario del Trabajo de Puebla, Abelardo Cuéllar Delgado.

Cuéllar fue designado titular de la Secretaría del Trabajo el 1 de agosto de 2019, donde impulsó la reestructuración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el pago de laudos laborales acumulados por años.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2022 el exgobernador Luis Miguel Barbosa acusó que su secretario había autorizado pagos por más de 230 millones de pesos sin aval de la Secretaría de Finanzas y lo acusó de ser juez y parte en diversos procedimientos laborales.

De acuerdo con Barbosa, Cuéllar habría favorecido a antiguos clientes de su despacho en la resolución de laudos, generando un posible conflicto de interés, motivo por el que se inició una investigación interna por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El 13 de enero de 2022, Cuéllar fue separado del cargo y reemplazado por Gabriel Biestro. Del tema no se habló nuevamente hasta el 31 de octubre de 2022, cuando se informó sobre una orden de aprehensión librada contra Cuéllar por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

El exsecretario denunció persecución política y aseguró que las acusaciones formaban parte de una campaña orquestada para desacreditarlo. El caso quedó a segundo término con la repentina muerte de Miguel Barbosa en diciembre de 2022.

Fue el 16 de febrero de 2023 cuando el juez federal del Juzgado Quinto de Distrito en Puebla otorgó un amparo a favor de Cuéllar, dejando sin efecto la orden de captura.

La resolución consideró que no existían elementos suficientes para acreditar los señalamientos y que el procedimiento presentaba vicios de origen. La Fiscalía Anticorrupción interpuso un recurso de revisión, pero los tribunales ratificaron la protección judicial.

El 25 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado declaró infundadas las imputaciones de la Secretaría de la Función Pública. El 21 de diciembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito resolvió de forma definitiva el amparo, confirmando la nulidad de la orden de aprehensión.

Cuéllar reapareció públicamente el 10 de enero de 2024, agradeciendo el respaldo de organizaciones sociales y acusando que fue víctima de persecución durante el gobierno barbosista.