Localizan con vida en Nuevo León a Erik Alejandro N., desaparecido en Puebla
PUEBLA, Pue., 24 de febrero de 2026.- Fernando Juárez Morales ya tuvo un primer acercamiento con la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya.
Fue ayer 23 de febrero que tuvo cita con Sánchez Soya donde Fernando pudo expresarle en calidad de víctima de error judicial toda su historia donde las autoridades han sido omisas a su caso.
Aunque recientemente el 6 de febrero Fernando acudió a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi) para finalmente iniciar el proceso de reparación del daño, la Comisión de los Derechos Humanos ha dado seguimiento al caso y un acercamiento con la presidenta de la dependencia podría significar que el proceso se agilice e incluso se generen recomendaciones a las dependencias que en su momento no ayudaron a Juárez Morales.
“Me dijo (Rosa Isela) que haría todas las gestiones para que hicieran las recomendaciones (...) que llegáramos a un acuerdo para que se sancionaran esas conductas omisas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) y la Fiscalía, ella insiste en que hagamos una mesa de trabajo con la Fiscalía de Derechos Humanos”, comentó en entrevista con Quadratín Puebla Fernando.
Mientras tanto, Fernando tendrá una audiencia con el secretario de Gobernación José Samuel Aguilar Pala para poder discutir su caso y que avance.
Aunque Fernando Juárez comentó que no hubo una firma de minuta en lo discutido con Rosa Isela Sánchez confía en que la Comisión de los Derechos Humanos del estado hagan lo propio, pues por fin las autoridades lo están escuchando.
La historia se remonta a 2013, año en que Fernando Juárez Morales fue arrestado en Puebla acusado de usurpación de funciones, cohecho y posesión de un vehículo con reporte de robo.
Desde el primer momento rechazó las imputaciones y pidió la realización de pruebas periciales para demostrar su inocencia; sin embargo, no contó con las condiciones necesarias para ejercer una defensa adecuada.
Permaneció nueve años en prisión pese a no haber cometido delito alguno. Tras recuperar su libertad, hace casi cuatro años, ha emprendido una batalla para que las autoridades reconozcan que fue víctima de un error judicial y le concedan una reparación integral del daño.




