Feminismo tras el 8M: De la denuncia a las políticas públicas y justicia

PUEBLA, Pue., 10 de marzo de 2026.- Luego de las movilizaciones del 8 de marzo, el reto para el movimiento feminista en Puebla es pasar de la denuncia pública a la incidencia política y la ejecución de políticas concretas, afirmó Elva Rivera Gómez, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e integrante de la Dirección Institucional de Igualdad y Género.

En entrevista, la especialista explicó que el feminismo en México tiene más de cinco décadas de lucha y ha logrado posicionar temas clave en la agenda pública a través del activismo y la investigación académica. Sin embargo, advirtió que aún existen pendientes importantes, especialmente en materia de justicia con perspectiva de género y continuidad institucional dentro de los gobiernos.

Rivera Gómez señaló que uno de los pasos posteriores a las marchas del Día Internacional de la Mujer es fortalecer la incidencia política mediante la elaboración de investigaciones e informes que permitan evaluar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Entre estas herramientas destacan los llamados “informes sombra”, elaborados por organizaciones civiles para contrastar el discurso oficial con la realidad.

Otro desafío, añadió, es evitar que la capacitación en perspectiva de género se pierda con los cambios de administración. Para ello, consideró necesario consolidar carreras profesionales dentro de las instituciones judiciales y gubernamentales, de modo que exista continuidad en las políticas públicas y en la atención a las víctimas.

La académica también subrayó que uno de los reclamos más recurrentes en las movilizaciones es la falta de justicia con perspectiva de género, así como la escasez de recursos para atender la violencia contra las mujeres y operar adecuadamente las Alertas de Violencia de Género en el país.

En el caso de Puebla, destacó que los avances legislativos deben traducirse en acciones concretas. Como ejemplo mencionó la aprobación de la interrupción legal del embarazo, la cual requiere programas institucionales que involucren al sector salud y a las instancias que acompañan a mujeres para garantizar su aplicación efectiva.

“Puebla ya aprobó la interrupción legal del embarazo, sí, pero ese es un avance en materia jurídica. Ahora falta operar la propia ley y establecer programas donde participe el sector salud”, explicó.

Rivera Gómez enfatizó que una estrategia clave para prevenir distintas formas de violencia es la educación sexual integral, no solo para evitar embarazos no deseados, sino también para reducir el acoso y la violencia sexual que enfrentan niñas y adolescentes.

Finalmente, la investigadora señaló que el feminismo no es un bloque uniforme, sino un conjunto de agendas diversas que buscan visibilizar las distintas formas de desprotección que viven las mujeres según su edad, origen, condición social o discapacidad. Por ello, sostuvo que las políticas públicas deben considerar estas diferencias para responder de manera efectiva a las demandas expresadas en las calles.