Exhumaciones: la otra mirada de la justicia en Puebla

PUEBLA, Pue.- 14 de noviembre de 2025.- En silencio, entre tierra removida, bolsas forenses y la expectación de familias que han esperado años, Puebla vive uno de los procesos más intensos y visibles en materia de identificación humana: las exhumaciones masivas de personas desconocidas.

Lo que antes ocurría lejos de la mirada pública —como un trámite administrativo dentro de panteones municipales o fosas comunes— se convirtió en el centro de la discusión social.

Desde mediados de 2024 y a lo largo de 2025, el estado ha protagonizado algunos de los procedimientos de exhumación más mediáticos del país, impulsados por un crecimiento histórico en los reportes de desaparición y por la presión de colectivos que durante años exigieron que los cuerpos sin nombre dejaran de acumularse.

A partir de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, puso en marcha el Programa de Identificación Humana, un esquema que llamó la atención nacional por su rapidez, volumen de resultados y por la presencia de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El objetivo: exhumar cuerpos enterrados como desconocidos, realizar análisis de identificación —principalmente huellas necrodactilares— y entregarlos a sus familias.

En apenas unos meses, la Fiscalía anunció la entrega del cuerpo número 100, lo cual reforzó la idea de que Puebla estaba acelerando un proceso que históricamente había sido lento, opaco y doloroso.

Ese día, apenas en octubre pasado, la familia de un hombre desaparecido en 2021 recibió al fin la confirmación que habían esperado durante cuatro años.

La Piedad, epicentro de una polémica

Sin embargo, la exhumación mediática más recordada no fue ninguna relacionada con avances técnicos, sino con un reclamo social.

En agosto de 2025, colectivos de búsqueda denunciaron que el Panteón Municipal de La Piedad estaba cobrando 2 mil 800 pesos a familiares para permitir la exhumación de restos ya identificados por la Fiscalía.

El caso estalló, las escenas eran contundentes: madres y hermanas llorando frente a la reja del panteón mientras levantaban carteles.

Los colectivos Red de Búsqueda en Puebla y Paulina Camargo sostuvieron que el cobro contradecía promesas del Ayuntamiento capitalino, que había asegurado que las exhumaciones derivadas del programa serían gratuitas.

Las cifras forenses

El Servicio Médico Forense (Semefo) de Puebla reveló que mantenía más de 500 fichas necrodactilares, y que al menos 260 cuerpos ya habían sido identificados por esa vía.

La cifra, aunque significativa, exhibió la magnitud del fenómeno: decenas de restos en fosas comunes, panteones municipales y gavetas anónimas necesitaban ser exhumados para poder ser confrontados con bases de datos nacionales.

Uno de los casos que más llamó la atención fue una jornada de siete exhumaciones consecutivas en distintos panteones, coordinadas entre la Fiscalía, peritos especializados y el Tribunal de Enjuiciamiento. Para muchas familias, era la primera vez que veían de cerca cómo se desarrolla un proceso forense.

Cada exhumación mediática ha evidenciado que cientos de personas en el estado no habían podido regresar a casa por falta de protocolos, capacidad forense o interés institucional previo. Más allá de los números y procedimientos, las exhumaciones mediáticas de Puebla han mostrado una verdad incómoda: para cientos de familias, la esperanza está enterrada.