Es el Penal de San Miguel sinónimo de corrupción, privilegios y negligencia

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel fue inaugurado en 1984, como parte del plan estatal para modernizar el sistema de reclusión.

Sin embargo, apenas abierto, comenzaron los conflictos internos, de acuerdo con una investigación exhaustiva que realizó Quadratín Puebla.

Durante la segunda mitad de esa década, los motines y asesinatos de internos —incluidos casos de descuartizamientos documentados en archivos hemerográficos— revelaron que el control real del penal estaba en manos de los propios reclusos.

Nació así el autogobierno, una figura no reconocida por la ley, pero sostenida por la corrupción y la falta de vigilancia.

Guardias y funcionarios, según lo consultado en reportes históricos, eran señalados por vender privilegios, permitir el ingreso de drogas y facilitar armas blancas.

Ya en ese entonces, San Miguel se había ganado fama como un lugar donde todo se compraba.

Durante los noventa, los penales poblanos consolidaron esquemas de extorsión interna.

Los presos pagaban por un mejor lugar en las celdas, por derecho a tener visitas o incluso por el pase de lista.

Los custodios operaban como cobradores, y los directivos, como administradores de un negocio rentable.

A finales de los 2000, durante el sexenio de Mario Marín Torres, surgieron denuncias de preliberaciones irregulares otorgadas a internos con influencias o recursos.

Las gestiones eran negociadas por intermediarios y se hablaba de una red de corrupción que involucraba a funcionarios de primer nivel del sistema penitenciario estatal.

El Pueblito

Entre 2019 y 2022, el Penal de San Miguel vivió su etapa más descarada de corrupción.

Las autoridades descubrieron dentro del penal una estructura conocida como El Pueblito, que era un conjunto de más de 100 locales clandestinos, donde operaban restaurantes, tiendas, farmacias, gimnasios, estéticas y cuartos privados tipo hotel.

Algunos reclusos dormían en suites acondicionadas con televisores, refrigeradores y camas matrimoniales.

Otros rentaban habitaciones a visitantes por horas. La administración interna cobraba por todo: comida, seguridad y hasta protección.

La demolición del Pueblito en 2022 fue presentada como una limpieza institucional, pero en la práctica sólo evidenció la magnitud del autogobierno que había reinado durante años con conocimiento de funcionarios.

El bebé Mateo

En enero de 2022, el país se estremeció con una noticia que parecía imposible: el cuerpo de un bebé fue encontrado dentro de un contenedor de basura en el Penal de San Miguel.

La investigación reveló que el pequeño, identificado como Mateo, había sido exhumado ilegalmente de un panteón en la Ciudad de México y trasladado hasta Puebla.

El caso exhibió la vulnerabilidad total del sistema penitenciario, al permitir el ingreso de un cuerpo sin que nadie lo advirtiera.

Diez funcionarios fueron detenidos, entre ellos el entonces director del penal.

Fiestas, drogas y trata

Durante los siguientes años, informes revelaron que la vida dentro de San Miguel continuaba marcada por el tráfico de drogas, la prostitución forzada y la entrada irregular de mujeres.

Las fiestas con música, alcohol y celulares eran parte del paisaje cotidiano.

En 2023 y 2024 se difundieron videos de fiestas al interior del Penal de Tehuacán, donde los reclusos bailaban con mujeres ajenas a la institución.

Las grabaciones obligaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal a reconocer la existencia de complicidad de custodios y mandos.

A pesar de los operativos posteriores, los reportes por venta de drogas, cobros ilegales y agresiones no cesaron.

2025, regresa el escándalo

En julio de 2025, un custodio del Penal de San Miguel fue asesinado a tiros en las inmediaciones de su domicilio.

El crimen fue interpretado como un mensaje del crimen organizado hacia el interior del sistema penitenciario. Las investigaciones apuntaron a pugnas internas por el control de la distribución de drogas y la renta de espacios dentro del penal.

A finales de octubre, nuevos videos se filtraron en redes sociales, mostrando a internos festejando con mujeres, bebidas alcohólicas y música de banda.

Los nombres de presuntos líderes, como El Jaguar, El Pavón, circularon como parte del autogobierno interno que, pese a los operativos, sigue dominando San Miguel.

El clan de Raciel López Salazar y las pugnas en Seguridad

El control del sistema penitenciario volvió a la polémica con los señalamientos hacia Raciel López Salazar, exfuncionario con pasado en instituciones de seguridad en Chiapas y Puebla, a quien distintos reportes han vinculado con redes de poder y decisiones clave en los penales poblanos.

Aunque oficialmente se ha insistido en una política de limpieza interna, las denuncias de custodios y personal operativo apuntan a que persisten grupos de control administrativo y político que impiden una transformación real.

San Miguel no es el único penal bajo sospecha. En Tehuacán, Cholula y Huejotzingo se han documentado abusos, autogobiernos parciales y fugas simuladas.

Los custodios denuncian jornadas inhumanas y falta de equipo, mientras los internos continúan pagando por vivir mejor.