Cuenca del Alto Atoyac, en completo abandono por el Estado

PUEBLA, Pue., 27 de enero de 2026.- Organizaciones sociales, comunidades y académicos alertaron sobre el agravamiento de la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, en Puebla, una región que ya es considerada Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), debido a la contaminación industrial, la crisis de residuos, la exclusión comunitaria en la gestión del agua y la imposición de proyectos gubernamentales sin consulta.

El pronunciamiento se dio tras una reunión nacional realizada los días 25 y 26 de enero de 2025 en Ocotlán, Tlaxcala, donde 186 personas de 18 entidades federativas, integrantes de 65 organizaciones, colectivos y espacios académicos, acordaron articularse en la Red Nacional de Comunidades Envenenadas y en Resistencia (Renacer), ante lo que calificaron como décadas de políticas públicas que priorizaron la industrialización contaminante por encima del derecho a la salud y al medio ambiente sano.

En el caso de la Cuenca del Alto Atoyac, las comunidades denunciaron que la contaminación industrial persiste en agua, suelo y aire, con impactos directos en la salud de la población, como enfermedades crónico-degenerativas y daño renal.

Acusaron que, pese a este contexto, el gobierno de Puebla mantiene una política de atracción industrial y promueve nuevos desarrollos económicos sin obligar a las empresas a tratar adecuadamente sus descargas y emisiones tóxicas.

Recientemente, la exsecretaria de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos Guadarrama, fue designada como nueva directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue). Ahora, la funcionaria asume la responsabilidad de coordinar el Plan Hídrico de la entidad, cuyo eje prioritario es el saneamiento del río Atoyac.

Por otro lado, desde Puebla, las comunidades exigieron al gobierno estatal y federal poner el bien común al centro de las políticas públicas, elaborar junto con especialistas un Plan Integral de Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, obligar a las industrias a controlar sus contaminantes, garantizar el derecho humano al agua y fortalecer a los Comités Comunitarios del Agua.

También demandaron la cancelación definitiva del Ecoparque Tlalli, frenar proyectos de quema de basura, proteger a defensores del territorio y promover alternativas agroecológicas.