Crisis forense en México: El costo de excluir a las víctimas

PUEBLA, Pue., 23 de abril de 2026.- La crisis de personas desaparecidas en México persiste como una deuda estructural del Estado, marcada por la falta de respuestas institucionales y la lucha de las familias buscadoras, señaló Conrado Bonifacio Zepeda Miramontes, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En entrevista, el especialista analizó la reciente reunión entre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y colectivos de búsqueda en Ciudad de México, la cual estuvo rodeada de inconformidades por la exclusión de madres buscadoras independientes.

“Hubiera sido mucho mejor un espacio más amplio donde pudieran entrar más personas, pero también entiendo el control del ingreso por temas de seguridad”, comentó el especialista tras las protestas por la falta de acceso de grupos no empadronados.

La urgencia forense y la realidad local

Zepeda Miramontes advirtió que México enfrenta una grave crisis forense con más de 80 mil cuerpos sin identificar, un panorama alarmante ante el riesgo de que los restos terminen en fosas comunes. Subrayó que el Estado mantiene responsabilidad por omisión e inacción.

En el ámbito local, destacó que en Puebla se han logrado avances:

• Al menos cinco reuniones entre colectivos y el Gobierno del Estado.
• Procesos de justicia restaurativa en marcha.
• El nombramiento de Pedro Plaza como comisionado de víctimas, perfil cercano a los colectivos.

Vulnerabilidad y revictimización

Uno de los sectores más desprotegidos son las madres migrantes, quienes enfrentan trabas burocráticas para renovar sus visas humanitarias. Asimismo, el académico alertó sobre el impacto emocional en las familias, quienes padecen ansiedad y depresión ante la revictimización de las fiscalías, que suelen omitir la atención inmediata en las primeras horas de búsqueda.

Finalmente, el académico hizo un llamado a las autoridades para escuchar activamente a los colectivos y garantizar la aplicación efectiva de las leyes con recursos suficientes. Subrayó que el país requiere, más que nuevas normas, voluntad institucional para atender con dignidad esta crisis.