Colectivos rechazan Ecoparque Tlalli; alertan crisis en el Atoyac

PUEBLA, Pue., 10 de diciembre de 2025.- En el Día Internacional de los Derechos Humanos, más de 40 organizaciones y colectivos denunciaron que el gobierno del estado de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, ha profundizado la crisis socioambiental en la entidad y exigieron frenar proyectos estatales que, aseguran, avanzan sin participación ciudadana ni evaluaciones ambientales.

A través de un comunicado externaron entre los principales señalamientos que el Ecoparque Tlalli, un proyecto impulsado por el gobierno del estado de Puebla, cuya instalación en la zona de la Matlalcuéyetl representa, afirmaron, un riesgo ambiental para el ecosistema compartido entre ambos estados.

Las organizaciones advirtieron que la montaña es un sistema vivo que no reconoce límites administrativos y que el ecoparque, pese a contar con autorización condicionada de la SEMARNAT, generará afectaciones que alcanzarán a las comunidades tlaxcaltecas.

Aseguraron que la tala inmoderada, la expansión turística y las obras de infraestructura incrementan la vulnerabilidad del bosque, ya impactado por plagas y aprovechamientos irregulares.

Por ello, exigieron la cancelación inmediata del proyecto al gobierno de Puebla y urgieron a los gobiernos de ambos estados a superar las barreras normativas que han impedido la protección conjunta del territorio.

El posicionamiento también se centró en la Cuenca Alta del Atoyac (CAA), región que desde el sexenio pasado fue declarada en Emergencia Sanitaria y Ambiental debido a la gravedad de la contaminación industrial.

Las organizaciones señalaron que, pese a los anuncios de saneamiento hechos tanto por el gobierno de Tlaxcala como por la Comisión Nacional del Agua, las acciones implementadas este año han sido “superficiales”, pues se limitan a recolección de basura, reforestación y construcción de plantas de tratamiento municipales.

Advirtieron que estas plantas no están diseñadas para eliminar las más de 100 sustancias tóxicas detectadas en los ríos Atoyac y Zahuapan, y que la contaminación también afecta suelos y aire, agravando enfermedades como cáncer y daño renal crónico, cuyos índices superan con amplitud el promedio nacional, según el Primer Informe Estratégico de la CAA elaborado por el entonces Conahcyt.

Los colectivos también alertaron sobre la crisis en el manejo de residuos sólidos en Tlaxcala, con tiraderos al límite y ausencia de un modelo público que reduzca la generación de basura.

Afirmaron que la quema de residuos, los incendios en vertederos y la privatización de los servicios han intensificado los riesgos ambientales y sanitarios.

A ello se agregan procesos de gentrificación y turistificación en varias regiones del estado, que transforman los territorios, encarecen la vida y ejercen mayor presión sobre los mantos acuíferos en un contexto de escasez creciente.

En conjunto, las organizaciones exigieron detener la expansión industrial en la cuenca, aplicar un modelo de Basura Cero, reconocer la autonomía de los Comités Comunitarios de Agua y frenar iniciativas legislativas del Congreso de Tlaxcala que, afirmaron, vulneran el derecho humano al agua.

También pidieron cancelar el Libramiento de Calpulalpan, impulsar prácticas agroecológicas y garantizar políticas públicas basadas en los principios Pro Persona y Pro Natura.

Por otro lado, como Quadratín Puebla informó el pasado 26 de noviembre, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de la entidad poblana ha invertido 4.48 millones de pesos en labores de monitoreo, limpieza y recuperación de la cuenca.