Cohesión Social: Ciberasedio Poblano

Seguramente leyó o escucho en los últimos días que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un manotazo al Congreso del Puebla. El Máximo tribunal del país echó abajo el polémico delito de ciberasedio, a primera lectura, para muchos esto sonó a impunidad; una especie de carta blanca para que los “trolls” hagan de las suyas.

Sin embargo, la realidad es otra: nos salvaron de una ley tan mal diseñada que cualquiera de nosotros pudo haber terminado en el Ministerio Público por un simple comentario en redes sociales. Para entender este lío, hay que echar la vista atrás a julio de 2025, cuando se aprobó –a toda prisa– una reforma al artículo 480 del Código Penal Local, la intención sonaba noble, el proteger a niños y mujeres del odio en internet, bajo el nombre de ciberasedio, se buscaba castigar con hasta tres años de prisión a quien usara espacios digitales para “insultar u ofender” de forma repetida.

El gran error de nuestros diputados fue usar palabras muy vagas ¿qué es ofender? Imagine que usted se queja tres veces o más en redes sociales de un político porque no arregla los baches o simplemente por no hacer su trabajo, bajo esa ley, ese político pudo haberse sentido “ofendido” o “asediado” y ¡pum!, proceso en su contra.

Ante este riesgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la opción promovieron una acción de inconstitucionalidad 88/2025 contra la llamada “ley Armenta”, el argumento fue claro, violaba el principio de taxatividad y, ¿esto qué quiere decir?: simplemente, la obligación de las leyes penales a ser claras y precisas para que todos sepan qué está prohibido y qué no.

La SCJN respondió con un contundente “así no se juega”; las leyes deben ser claras como el agua y no una trampa que quede a la libre interpretación de quien tiene el poder.

Hoy, el Congreso de Puebla tiene la tarea de derogar formalmente el artículo invalidado, pero no basta con borrar lo que la Corte ya les corrigió, es momento de que nuestros diputados dejen de legislar al vapor y con el estómago, necesitamos representantes que entiendan la diferencia entre proteger a las víctimas y blindar a los políticos.

La exigencia es clara, si van a volver a intentar regular la vida digital, háganlo con rigor técnico y respeto a la Constitución, no necesitamos leyes “mordaza” disfrazadas de buenas intenciones. Queremos leyes que persigan al acosador real, pero que garanticen que cualquier poblano pueda seguir señalando baches y errores gubernamentales sin miedo a la cárcel.

Señores diputados: su labor es protegernos, no silenciarnos, cumplan con su trabajo con seriedad esta vez.

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