Acusa Fundación Julita y Antonio despojo en La Covadonga ante CDH

PUEBLA, Pue., 1 de octubre de 2025.- La Fundación Julita y Antonio, Institución de Asistencia Privada, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por el despojo del predio conocido como La Covadonga.

Mediante un comunicado, el apoderado legal de la Fundación, Jesús González Schmalel, acusó falta de respuesta de las autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver este tema.

“Todas las instancias que hemos intentado en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la Secretaría de Gobierno, han fracasado por la inoperancia del gobierno. Realmente sentimos que hay una parálisis generalizada”, dijo

Señaló que el documento entregado a la Comisión detalla los hechos y las instancias a las que han acudido durante 31 meses de litigio, destacando el derecho de acceso a la justicia que establece la Constitución Mexicana.

Resaltó que terreno sufrió una primera invasión el 9 de abril de 2023, la cual quedó registrada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-1/00767/2023. Posteriormente, el 9 de febrero de 2025, se reportó una segunda invasión, con la denuncia FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025.

Vecinos de la zona también interpusieron en 2024 una denuncia ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, por la supuesta existencia de un fraccionamiento clandestino en el área.

La organización busca que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla intervenga y se garantice el respeto a los derechos de acceso a la justicia y de protección de la propiedad privada.

“Debe llamar a las autoridades del ramo a que cumplan con su deber, a que sean operantes y que no permitan la vulneración de derechos sin que haya sanción, sin que haya procesos, en este caso de restitución y de castigo a quienes incurran en un despojo”, mencionó.

La Fundación aseguró que ha presentado escrituras, comprobantes de pago de impuesto predial y planos topográficos que acreditan la propiedad legítima del predio. No obstante, señalaron que ni las instancias municipales ni las estatales han dado solución al conflicto.