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PUEBLA, Pue., 4 de junio de 2026.- Aunque la reciente reforma electoral que permite anular elecciones por casos de injerencia extranjera busca proteger la soberanía nacional, su redacción presenta riesgos que podrían derivar en arbitrariedades y afectar la voluntad ciudadana, advirtió Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP.
En entrevista, la especialista explicó que el principal problema radica en la amplitud y falta de precisión jurídica del concepto de “injerencia extranjera”, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones subjetivas por parte de autoridades y actores políticos.
La académica consideró que esta ambigüedad podría facilitar un uso discrecional de la norma para impugnar resultados electorales desfavorables. Incluso, dijo, una declaración de un político extranjero o una publicación en medios internacionales podría convertirse en argumento para solicitar la nulidad de una elección.
Otro de los desafíos identificados es la dificultad para demostrar que una acción proveniente del extranjero influyó de manera determinante en la decisión de los votantes y en el resultado final de los comicios.
Ramón Pérez alertó que, de no establecerse criterios claros, la reforma podría incentivar la judicialización de la competencia política y trasladar a los tribunales decisiones que deberían resolverse en las urnas.
La especialista recordó que países como Estados Unidos, Canadá, Francia y miembros de la Unión Europea han implementado medidas para enfrentar intentos de influencia extranjera sin recurrir a la nulidad de las elecciones. Entre ellas destacan la prohibición del financiamiento extranjero, mayores controles sobre la publicidad política, regulación de plataformas digitales y mecanismos de combate a la desinformación.
De acuerdo con la investigadora, estos modelos privilegian la prevención y la vigilancia debido a la complejidad de demostrar que una acción externa modificó efectivamente la decisión del electorado.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la arquitectura institucional y a definir con precisión los conceptos incluidos en la reforma para evitar que la protección de la soberanía electoral termine generando efectos contrarios a los que pretende combatir.
“Sí, ciertamente debe preservarse la soberanía electoral, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el diseño de la arquitectura institucional. Si no, se corre el riesgo de incentivar la judicialización de la competencia política y eso viene a cuestionar la voluntad ciudadana. Una elección podría anularse y resolverse dejando de lado la participación de los ciudadanos. Hay que ser muy cuidadosos con el concepto de injerencia extranjera, con la necesidad de probar que una acción realmente influyó en el resultado electoral y con la proporcionalidad de las sanciones. No es algo tan fácil. Yo me pregunto si los legisladores están conscientes de lo que aprobaron y cómo lo aprobaron”, concluyó.
Congreso valida reforma electoral
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas electorales que aplazan de 2027 a 2028 la elección judicial y que incorporan la injerencia extranjera como causal de nulidad de los comicios.
Ambas modificaciones alcanzaron el respaldo de la mayoría de los congresos estatales. La reforma sobre la elección judicial fue aprobada por 25 legislaturas locales, mientras que la referente a la injerencia extranjera obtuvo el aval de 24 congresos estatales, entre ellos el de Puebla.




