Busca Puebla asumir la operación de 11 cárceles municipales

PUEBLA, Pue., 19 de octubre de 2026.- El Gobierno de Puebla busca asumir la administración de 11 cárceles municipales para mejorar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad, así como fortalecer la seguridad y garantizar recursos para la operación de estos espacios, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

El funcionario explicó que la propuesta surgió a partir de las revisiones realizadas en los centros de reclusión, donde se identifican necesidades que deben atenderse. Por ello, las autoridades estatales analizan modificar el modelo actual, en el que los ayuntamientos son responsables de mantener en funcionamiento sus respectivas instalaciones.

Sánchez González indicó que ya sostuvo reuniones con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, para revisar la viabilidad de que la administración estatal se haga cargo de estos penales.

“Estamos evaluando si es factible y si legalmente podemos hacernos cargo de la administración de los penales municipales”, explicó el titular de la SSP al referirse a las conversaciones que mantienen las dependencias involucradas.

Actualmente, los municipios deben cubrir los gastos que implica la operación de las cárceles, entre ellos la contratación de personal de custodia, el suministro de alimentos y la atención de las necesidades cotidianas de la población penitenciaria.

En algunos casos, reciben aportaciones de otros ayuntamientos para contribuir al sostenimiento de estos espacios.

El secretario señaló que uno de los aspectos que se busca atender es la calidad de vida de las personas internas, por lo que la revisión contempla cuestiones como la alimentación, las condiciones de las instalaciones y el hacinamiento.

También recordó que, durante las visitas de supervisión, se realizan observaciones y recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas.

La eventual intervención estatal requerirá determinar las condiciones jurídicas y administrativas para concretar el cambio, además de revisar los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar la operación de los centros. Sánchez González señaló que continuarán las reuniones antes de definir si el Gobierno de Puebla puede asumir esta responsabilidad.

La propuesta se suma a los retos que enfrenta el sistema penitenciario de la entidad. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó deficiencias en 14 de los 16 centros penitenciarios de Puebla, principalmente en materia de servicios de salud, personal de custodia y prevención de la violencia.

Hasta el momento, el Gobierno estatal no ha anunciado cuándo podría concretarse la transferencia de la administración ni cuáles serían los primeros centros incluidos en el proceso. La decisión dependerá de los resultados del análisis que realizan las autoridades.