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PUEBLA, Pue., 3 de septiembre de 2026.- Para una persona que vive en una comunidad alejada, en una zona indígena o que no tiene dinero para pagar un abogado, acceder a la justicia puede convertirse en un proceso complicado. Ante esta realidad, el gobernador Alejandro Armenta planteó la necesidad de que las instituciones acerquen la aplicación de la ley a quienes enfrentan mayores obstáculos para hacer valer sus derechos.
Durante la inauguración del Congreso Internacional de Actualización Probatoria, el mandatario señaló que la justicia no puede quedarse únicamente en los tribunales ni limitarse al conocimiento técnico de quienes la imparten, pues también debe responder a las necesidades de la población que enfrenta condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Armenta puso como ejemplo a las personas que viven en comunidades de la montaña, localidades, rancherías e inspectorías, donde las condiciones económicas o la distancia pueden dificultar el acceso a las instituciones. En estos lugares, dijo, debe existir la misma posibilidad de recibir atención y hacer valer la ley que en las zonas urbanas.
"Este Congreso habrá de servir para fortalecer el rigor jurídico, el rigor académico, pero que el rigor jurídico y el rigor académico no sustituyan la sensibilidad social que necesita el que menos tiene, el que no tiene recursos para que se le haga justicia o el que vive con hambre... pero hambre de que se aplique la ley allá en la montaña, en las localidades, en las rancherías, en las inspectorías", expresó.
El gobernador remarcó que el conocimiento jurídico debe ir acompañado de sensibilidad para atender las circunstancias particulares de cada persona y evitar que la falta de recursos sea una razón para quedar fuera de los mecanismos de justicia. "La justicia no debe quedar en letra muerta", sostuvo.
El Congreso Internacional de Actualización Probatoria, que se lleva a cabo este 3 y 4 de septiembre en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, reúne a especialistas para abordar temas relacionados con la aplicación y valoración de pruebas, así como para compartir herramientas y experiencias entre quienes forman parte del sistema de justicia.
En el acto participaron la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez; el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, y la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt.
Sin embargo, el planteamiento central de Armenta estuvo dirigido a que la actualización de quienes imparten justicia tenga un impacto directo en la vida de los ciudadanos, principalmente de aquellos que tienen menos posibilidades de defender sus derechos.




