Observan 592 mdp en Becas Benito Juárez

PUEBLA, Pue., 10 de octubre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno observó pagos por 592.3 millones de pesos relacionados con 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no pudieron validarse ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), como parte de la revisión a las Becas Benito Juárez correspondiente a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Las observaciones incluyen inconsistencias en los registros de beneficiarios y en la operación de las tarjetas bancarias utilizadas para dispersar los apoyos educativos. Sin embargo, no se ha precisado cuántas tarjetas bancarias ni cuántas cuentas presuntamente irregulares corresponden a Puebla, por lo que se desconoce el número de casos identificados específicamente en la entidad y el monto de los recursos involucrados.

Tarjetas activas sin llegar a sus beneficiarios

Entre los hallazgos de la auditoría destaca que, durante 2024, el Banco del Bienestar tenía 95 mil 960 tarjetas que no habían sido entregadas a sus beneficiarios. De estas, 94 mil 251 aparecían como activas en el sistema bancario.

Además, mil 78 cuentas recibieron depósitos por un total de 8.6 millones de pesos, pese a que las tarjetas correspondientes permanecían sin entregar. Esta situación plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de control para garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios.

La revisión también observó 8.5 millones de pesos dispersados a mil 376 alumnos inscritos en escuelas consideradas no prioritarias, otro de los puntos que las autoridades deben aclarar dentro del procedimiento de fiscalización.

SEP prepara aclaraciones

Tras darse a conocer las observaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el 8 de octubre que la revisión continúa en proceso y que las dependencias involucradas preparan las aclaraciones correspondientes.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar sostuvo que durante 2024 verificó la identidad de los beneficiarios ante el RENAPO antes de realizar los pagos. También señaló que lleva a cabo verificaciones para corroborar que las personas inscritas cumplan con los criterios de elegibilidad del programa.

Los 592.3 millones de pesos corresponden a pagos observados durante la fiscalización, por lo que no deben presentarse como un desvío de recursos definitivamente comprobado. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de las aclaraciones y del seguimiento que realicen las autoridades competentes.