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PUEBLA, Pue., 2 de julio del 2026 - La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Puebla informó que sancionó a siete personas servidoras públicas con destituciones e inhabilitaciones temporales por incurrir en faltas administrativas no graves, derivadas de procedimientos sustanciados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A través de un comunicado la dependencia precisó que las sanciones obedecen principalmente a la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como al incumplimiento de los principios que rigen el servicio público. Asimismo, enfatizó que las resoluciones fueron emitidas con estricto apego al debido proceso y garantizando el derecho de audiencia y defensa de las personas involucradas.
Entre los casos destaca el de Ana María N., exservidora pública del ISSSTEP, quien fue destituida e inhabilitada por cinco meses y 12 días tras presentar, durante un procedimiento escalafonario, una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido. En tanto, Carlos N., de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, recibió una inhabilitación por seis meses por omitir su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión.
También fueron sancionados Cristian N., de la Secretaría de Seguridad Pública, con una inhabilitación de cuatro meses y 24 días; Erika N., de la Secretaría de Bienestar, quien fue destituida por no presentar su declaración patrimonial en la modalidad de inicio; José Edmundo N., con una inhabilitación de cinco meses y 12 días; José Ismael N., del organismo Convenciones y Parques, con la misma sanción; y Julián Manuel N., quien fue inhabilitado por cinco meses y 19 días, todos ellos por incumplir con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses.
Las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las determinaciones y que la dependencia defenderá las resoluciones emitidas conforme a la ley.
Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos mediante el portal "Prointegridad", al señalar que combatir estas prácticas es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad para proteger los recursos públicos y fortalecer una administración íntegra y responsable.