Impulsa Congreso de Puebla auditoría forense contra Agua de Puebla

PUEBLA, Pue., 14 de julio de 2026.- El Congreso del Estado solicitará una auditoría forense a la empresa Agua de Puebla con el propósito de determinar si las deficiencias en la prestación del servicio constituyen causales suficientes para declarar la nulidad de la concesión. La propuesta fue respaldada por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes coincidieron en que existen incumplimientos que deben investigarse a fondo.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar, aseguró que la concesionaria ha fallado en su responsabilidad de brindar un servicio eficiente y la señaló como una de las responsables de las recientes inundaciones registradas en la capital poblana, al considerar que no ha dado mantenimiento adecuado a la infraestructura de drenaje.

El coordinador de la bancada de Morena afirmó que Agua de Puebla "no sirve y cobra mucho", al tiempo que recordó que el contrato de concesión fue blindado con diversas cláusulas que dificultan su cancelación anticipada y obligan al pago de una elevada indemnización. No obstante, sostuvo que una auditoría permitiría acreditar incumplimientos que podrían derivar en la revocación o nulidad del título.

"Coincido en que Agua de Puebla no está cumpliendo nada y es un punto que nos permite que se hagan auditorías para que sea causal de revocación de ese contrato tranza que hicieron", expresó.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, afirmó que el origen de la concesión estuvo marcado por irregularidades. Recordó que el título fue firmado en 2013 y apenas 49 días después sufrió modificaciones que, a su juicio, fortalecieron jurídicamente a la empresa para impedir que pudiera retirársele el contrato.

En ese sentido, anunció que solicitarán a la Auditoría Superior del Estado (ASE), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Soapap una auditoría forense para revisar la legalidad del convenio y evitar que una eventual cancelación obligue al Estado a pagar una indemnización millonaria.

Desde el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Guadalupe Vargas respaldó la revisión integral del contrato y señaló que su bancada trabajará en reunir pruebas que acrediten los incumplimientos de la concesionaria. La legisladora sostuvo que es indispensable demostrar las faltas graves relacionadas con el servicio, las obras y los compromisos que la empresa dejó de cumplir para que existan elementos legales que permitan sancionarla e incluso revocar la concesión.

En tanto, la diputada del PRI, Delfina Pozos, recordó que el propio título de concesión contempla 20 causales de revocación, por lo que consideró que el siguiente paso dependerá de la voluntad política de las autoridades para hacerlas valer. Criticó que, pese a las constantes quejas ciudadanas por el servicio, el contrato contemple el pago de una indemnización a favor de la empresa en caso de una terminación anticipada.

Las cuatro fuerzas políticas coincidieron en que la vía legal más viable es acreditar técnicamente los incumplimientos de Agua de Puebla mediante una auditoría especializada, con el objetivo de encontrar fundamentos jurídicos que permitan dejar sin efectos la concesión sin generar un impacto económico para el Estado.

Hasta el momento, las bancadas del PAN, PT, Nueva Alianza y Fuerza por México no fijaron una postura durante la conferencia sobre la propuesta de impulsar una auditoría forense y la posible nulidad de la concesión de Agua de Puebla.