Exige Mario Riestra investigación a fondo contra Rubén Rocha

PUEBLA, Pue., 30 de abril de 2026.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Mario Riestra, calificó como alarmantes los señalamientos que se dieron desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Riestra sostuvo que estos señalamientos siembran la duda sobre la manera en la que el sinaloense habría llegado al poder, asegurando que hubo robo de urnas, intimidación a candidatos y presión sobre actores políticos para influir en el resultado electoral.

En entrevista, Riestra también señaló presuntas reuniones entre el gobernador y líderes del narcotráfico antes y después de asumir el cargo. De acuerdo con su declaración, estos encuentros habrían estado custodiados por personas armadas y con acuerdos de protección a cambio de respaldo político.

Añadió que el caso no involucra a una sola persona. Señaló que exfuncionarios del gobierno estatal habrían entregado información sensible de opositores, incluyendo datos personales, para que fueran amenazados por grupos criminales.

El dirigente panista extendió las acusaciones a áreas de seguridad. Indicó que mandos policiales y funcionarios de procuración de justicia estarían implicados en la filtración de operativos, lo que permitía a organizaciones delictivas evadir acciones oficiales.

También mencionó presuntos actos de colaboración directa entre policías y criminales en delitos graves. Entre ellos, secuestros y agresiones contra personas identificadas como rivales de estos grupos, lo que, dijo, evidencia una infiltración institucional.

Riestra sostuvo que estos hechos habrían convertido a instituciones de justicia en herramientas al servicio de la delincuencia. Bajo este argumento, calificó la situación como un caso de traición que, afirmó, ha deteriorado la seguridad en Sinaloa.

Finalmente, llamó a que se investiguen los señalamientos y se finquen responsabilidades. Exigió la renuncia del gobernador y planteó que corresponde a las autoridades, tanto nacionales como internacionales, determinar las consecuencias legales del caso.