Denuncian ante la FGR delitos ambientales en Chiltepeque

PUEBLA, Pue., 14 de julio de 2026.- El colectivo "Yo seré su voz" anunció que este martes presentará una denuncia penal y ambiental ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con la operación del relleno sanitario de Chiltepeque, ubicado en la capital poblana.

A través de un comunicado firmado por su fundador y representante, Darinel Keller, la organización informó que la denuncia incluye pruebas documentales y audiovisuales que, asegura, evidencian la descarga intencional de lixiviados al medio ambiente, así como la presunta modificación de cauces pluviales para conducir estos residuos fuera del sitio de confinamiento.

El colectivo sostiene que, además de las pruebas presentadas previamente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en febrero de 2026, integró nueva evidencia que, según afirma, demuestra la alteración de laderas y arroyos para cubrir rastros de lixiviados, lo que considera una acción deliberada para ocultar daños ambientales.

En el documento, Keller señaló que la denuncia busca que se investigue la posible responsabilidad de directivos de la empresa RESA, Rellenos Sanitarios S.A. de C.V., así como de servidores públicos municipales, estatales y federales que, a su consideración, habrían incurrido en acciones u omisiones relacionadas con el caso.

Asimismo, el colectivo aseguró que solicitará como medida cautelar el aseguramiento inmediato del inmueble donde opera el relleno sanitario, al considerar que persiste un riesgo ambiental y sanitario.

El activista también afirmó que la contaminación por lixiviados habría afectado comunidades cercanas al lago de Valsequillo y zonas agrícolas del distrito de riego 030, además de vincular estos hechos con diversos casos de enfermedades y fallecimientos registrados en la región. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte del contenido de la denuncia y no han sido acreditadas por las autoridades competentes.

Finalmente, el colectivo responsabilizó públicamente a autoridades de los tres niveles de gobierno y a la empresa concesionaria de cualquier agresión que pudieran sufrir sus integrantes tras la presentación de la denuncia.