Refrenda Armenta respeto a autonomía y vida interna de la BUAP
PUEBLA, Pue., 23 de junio de 2026.- Integrantes del Comité de Atención Ciudadana de la Zona Alta de Zacatlán en Defensa del Agua presentaron este 23 de junio una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la que acusan que las tres empresas dedicadas a la extracción de feldespato han provocado contaminación del aire y del agua, destrucción de bosques, afectaciones a suelos agrícolas y escasez hídrica en comunidades de la región.
Durante una rueda de prensa, representantes comunitarios, académicos y organizaciones civiles señalaron que la problemática podría agravarse debido a la intención de abrir una nueva mina en la comunidad de Metlaxixtla, donde ya se detectó maquinaria pesada operando sin que existan evidencias públicas de autorizaciones federales.
La denuncia está dirigida contra quien resulte responsable y se sustenta en cerca de año y medio de investigación realizada con apoyo de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” de la Universidad Iberoamericana de México, una estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo y especialistas en temas ambientales.
Según los denunciantes, en la zona operan cinco empresas mineras principales, pero la denuncia va contra tres en específico: Covía Holdings (y su subsidiaria Materias Primas de Ahuazotepec), Ecominerali y Feldmex. También, hay otras mineras como Minas de Zacatlán y Sibelco, además de otros particulares dedicados al lavado de arenas de feldespato.
Entre las irregularidades documentadas destacan la intervención de más de 40 hectáreas fuera de áreas concesionadas, ausencia de permisos municipales, afectaciones a terrenos forestales, presunta operación de pozos clandestinos y contaminación de cuerpos de agua.
Los habitantes también solicitaron a la presidenta municipal de Zacatlán informar si existe algún permiso relacionado con la nueva explotación proyectada en Metlaxixtla y exigieron el retiro inmediato de la maquinaria localizada en el paraje Los Baños del Rincón-La Piedra mientras se esclarece su situación legal.
Uno de los aspectos más alarmantes expuestos por los denunciantes es el impacto sanitario derivado de la minería de feldespato a cielo abierto.
De acuerdo con Jorge Peláez, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana de México, los monitoreos realizados entre septiembre de 2025 y junio de 2026 revelaron concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 que superan el doble de los límites permitidos, registrando incluso episodios de contaminación superiores a los observados en la Ciudad de México.
Las organizaciones señalaron que la extracción libera sílice cristalina respirable, considerada una sustancia cancerígena. Explicaron que estas partículas actúan como pequeños fragmentos de vidrio que, al ser inhalados, dañan progresivamente las vías respiratorias.
La preocupación se concentra especialmente en la comunidad de Metepec, donde niños que asisten a la escuela primaria Modesto Barrios estarían expuestos diariamente al polvo generado por las actividades extractivas.
Además, los estudios presentados documentan un proceso de acidificación extrema de cuerpos de agua, así como el secamiento de manantiales atribuido a la sobreexplotación de acuíferos. Por ello, uno de los principales petitorios exige a la Secretaría de Salud implementar programas de vigilancia epidemiológica para las comunidades expuestas.
Los feldespatos son minerales no metálicos compuestos principalmente por sílice y utilizados como materia prima para la fabricación de vidrio, pinturas, azulejos, cerámica, porcelana, pisos y muebles de baño.
Puebla ocupa el primer lugar nacional en producción de feldespato y Zacatlán es uno de los municipios con mayor actividad extractiva. El material obtenido suele enviarse a Tlaxcala para la elaboración de pisos y sanitarios, así como a Monterrey para la industria vidriera.
Sin embargo, la extracción se realiza mediante minería a cielo abierto, un proceso que implica desmontar bosques y remover grandes extensiones de suelo. Los denunciantes afirman que para procesar un kilogramo de arena se requieren entre tres y cuatro litros de agua, recurso que posteriormente podría regresar al ambiente mezclado con sustancias utilizadas durante el lavado de minerales.
El Comité de Atención Ciudadana sostiene que esta actividad ha derivado en la destrucción de ecosistemas forestales, degradación de suelos agrícolas, afectación a la biodiversidad y contaminación de fuentes de agua que abastecen a comunidades de la zona alta de Zacatlán.
Ante este panorama, las organizaciones solicitaron a la PROFEPA suspender actividades en áreas sin permisos, investigar las concesiones mineras y de agua vigentes, ordenar estudios sobre residuos y partículas contaminantes, así como impedir nuevos proyectos extractivos hasta contar con un estudio regional que evalúe el impacto acumulado de todas las minas que operan en la región.




