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PUEBLA, Pue., 31 de julio de 2026.-La iniciativa del Gobierno de México para fortalecer los derechos de las audiencias debe servir para transparentar la información que reciben los ciudadanos, pero sin imponer reglas tan rígidas que interfieran con el ejercicio periodístico, consideró Denise Valdez, jefa de información de Ultra Noticias y académica de la Universidad del Valle de Puebla (UVP), experta en comunicación.
En entrevista, explicó que uno de los principales cambios propuestos consiste en obligar a los medios de radio y televisión a diferenciar claramente la información noticiosa de las opiniones mediante recursos visuales y auditivos, como cortinillas, plecas o avisos.
Si bien reconoció que el objetivo de brindar mayor claridad a las audiencias es positivo, advirtió que la aplicación de estos lineamientos podría resultar excesiva en algunos formatos.
"Creo que la intención es buena de proteger a las audiencias de manera más legítima, de aplicar estas formas de hacerles mención de lo que estamos hablando en algún tema, pero tal vez cambiar que el tema sea muy rígido, que el lenguaje sea tan rígido. Algunas cosas las podemos entender que son muy obvias, si es un debate, una opinión o una mesa de análisis, pero a veces el hecho de hacerlo tan rígido, de decir 'esta es opinión' o 'esta es mi nota informativa', puede sonar hasta un poquito absurdo", explicó.
La especialista señaló que el debate ha sido interpretado por diversos medios como una posible "ley censura", debido a que existe incertidumbre sobre el alcance real de las nuevas obligaciones y la forma en que podrían impactar la libertad editorial.
Однако (Sin embargo), sostuvo que parte de la controversia también deriva de la falta de información clara sobre la reforma, lo que ha favorecido interpretaciones erróneas entre periodistas y audiencias.
"Realmente en México trabajar con veracidad y ser muy objetivos es complicado porque muchas veces no tenemos las reglas bien difundidas. Empezamos a tergiversar la información y decir que sí, que no o que nos están censurando. Hay mucha mala información y también malos hábitos de quienes nos leen o nos escuchan. Tenemos que educar un poco más al oyente para que se informe, lea y esté abierto a distintas posibilidades. El gobierno a veces no ayuda con cada reforma que va sacando, pero nosotros tenemos que aprender a trabajar con ello, no censurarnos ni dejar que esto nos calle; al final debemos seguir ciertos lineamientos", concluyó.
Valdez enfatizó que el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho de las audiencias a recibir información transparente y la preservación de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico.
En este contexto, la Red Nacional de Periodistas y CIMAC manifestaron su preocupación por el debate regulatorio al considerar que la protección de las audiencias no debe derivar en interpretaciones discrecionales que afecten el periodismo de investigación o la cobertura crítica.
A través de un comunicado, la organización señaló que las investigaciones muestran que las agresiones contra mujeres periodistas continúan siendo una problemática estructural. Indicó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se documentaron mil 189 agresiones contra periodistas, un incremento de 117 por ciento respecto al sexenio anterior.
Además, precisó que los principales responsables de estas agresiones fueron funcionarios públicos estatales (18.42 por ciento), funcionarios municipales (13.46 por ciento), así como personas civiles y usuarios de redes sociales (10.43 por ciento cada uno), lo que evidencia que la violencia contra la prensa también proviene de servidores públicos y de un entorno donde la estigmatización se ha normalizado.
La organización también expresó preocupación porque, durante la administración anterior y en los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, persisten discursos que desacreditan el trabajo de la prensa crítica, lo que, afirmó, incrementa la hostilidad contra quienes ejercen el periodismo.
Entre sus propuestas, pidió garantizar la autonomía de las defensorías de las audiencias, evitar criterios subjetivos para evaluar la veracidad de los contenidos, fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con perspectiva de género y promover una política integral que combata la impunidad en las agresiones contra la prensa.
La discusión ocurre mientras el Gobierno de México mantiene abierta, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, la consulta pública sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. La propuesta se aplicaría exclusivamente a los servicios de radiodifusión, es decir, radio y televisión, con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, transparentar los códigos de ética y reforzar los mecanismos de defensa de radioescuchas y televidentes.