Resiliencia Activa

¿Ecosistemas o señalamientos?: El peligro de catalogar a la crítica

En días recientes, la conversación pública nacional se encendió tras la presentación de
un informe encabezado por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María
Alcalde, en el que se exhibió un mapeo de comunicadores, medios de comunicación y
figuras de oposición bajo la premisa de analizar un supuesto "ecosistema de
amplificación digital". Aunque desde la narrativa oficial se buscó encuadrar este
ejercicio como un mero estudio metodológico sobre el comportamiento en redes
sociales, la utilización del aparato gubernamental para catalogar e inventariar a las
voces disidentes trasciende la técnica digital para convertirse en un hecho político de
alta gravedad institucional.

Desde la teoría del Estado y la ciencia política, el uso del espacio público e
institucional para señalar con nombre y apellido a la prensa cumple una función clara:
no la de informar, sino la de inhibir y estigmatizar. Cuando el poder público utiliza los
recursos y la tribuna del Estado para elaborar y difundir padrones de críticos, la frontera
entre la transparencia y la intimidación se vuelve extremadamente delgada. La libertad
de prensa no es una concesión graciosa de la autoridad en turno, sino un pilar
estructural del régimen democrático que exige garantías de protección, tolerancia a la
disidencia y respeto absoluto al trabajo periodístico.

Existen dos factores que tornan preocupante este tipo de dinámicas. En primer lugar, la
desproporción de poder. Un gobierno que cuenta con el monopolio de la fuerza, la
administración del presupuesto y el alcance del discurso oficial no puede colocarse en el
rol de "víctima" frente a la opinión de comunicadores o ciudadanos. En segundo lugar,
el riesgo de la polarización. Al encasillar el ejercicio periodístico y el contrapeso de
ideas dentro de categorías de "ataque" o "desestabilización", se alimenta un clima de
hostilidad donde se vulnera la integridad de los profesionales de la información y se
desincentiva la fiscalización ciudadana al ejercicio del poder.

Después de recibir miles de críticas a este ejercicio, la Consejera Jurídica quiso aclarar
que no era una lista de “enemigos” sino un estudio para demostrar el funcionamiento de
un ecosistema digital sin embargo, toda persona que se dedique de manera seria a la
investigación sabe que uno de los principios de dicha práctica es la replicabilidad, es
decir, que cualquier persona sabiendo la metodología aplicada y los datos puede
replicar ese estudio pero eso requiere transparencia en la información. Este “estudio” no
transparentó su metodología ni el origen de sus datos.

Por otra parte, lo que este “estudio” trata de demostrar es algo que cualquier usuario
promedio de redes sociales sabe: en el momento que alguien sube contenido a sus redes
lo está haciendo público de manera voluntaria y por lo tanto deja de ser privado y
comienza a circular y a reproducirse en segundos porque ese es uno de sus objetivos,
viralizar contenidos.

El debate sobre la veracidad de la información y la ética periodística debe darse en los
espacios democráticos correspondientes: mediante la autorregulación de los medios, el
escrutinio de las audiencias y el marco legal vigente. Pretender que el Ejecutivo asuma
el rol de árbitro del debate público y fiscalizador de las opiniones equivale a trastocar la
lógica de contrapeso de las democracias. La fortaleza de un gobierno no se mide por su
capacidad para catalogar a sus críticos, sino por su disposición a escuchar la pluralidad,
tolerar el disenso y responder con resultados a las demandas de la sociedad.

X: @desastropolitik
Facebook: Ma De Jesus Tobón Ramírez
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