Notas para un lector improbable
A la espera de la tan anunciada reforma constitucional en materia electoral las corrientes políticas de nuestro país adoptaron (desde temprano) su postura sobre esta; los opositores afirman que dicha reforma tiene como objetivos acaparar a las instituciones electorales para que beneficien al poder y consolidar una dictadura en México: denominando a dicha reforma como “la Ley Maduro”.
Por otro lado, los impulsores de dicha reforma la ven como una necesidad para eliminar las herramientas e instrumentos que (en sus palabras) son aprovechados por unos pocos para beneficiarse del poder, fomentar el nepotismo y proteger a aquellos que usan los cargos de elección popular para evadir a la justicia.
A la espera de casi un año para que empiece de manera formal el proceso electoral de 2027, el panorama para aquellos que siguen momento a momento las novedades sobre la reforma electoral siguen con muchas incógnitas: ¿reducirán el número de diputados federales y serán elegidos mediante listas?, ¿el Instituto Nacional Electoral (INE) o su sucesor unificará a los institutos electorales de los Estados?, ¿cómo se calculará el financiamiento a los partidos políticos?
Cualesquiera que sean las respuestas que dé la reforma electoral en su momento, el escenario electoral de Puebla (y otras Entidades Federativas) tiene todas las señales para afirmar que el 2027 será el proceso electoral más complicado en la última década; donde las elecciones intermedias eran vista como un ejercicio para medir la fuerza de los partidos con rumbo a la elección de la gubernatura ahora será el parteaguas para determinar el éxito o el fracaso de un nuevo sistema electoral.
Las circunstancias y los tantos puestos de elección popular a considera que prácticamente se puede decir que viviremos dos elecciones.
En una elección intermedia tradicional, las y los poblanos votaríamos por ayuntamientos, diputados locales y diputados federales.
En el contexto de las próximas elecciones se le sumará la elección de los integrantes de los distintos juzgados y magistraturas federales que no fueron electos el año pasado y la implementación de la elección judicial del Estado de Puebla que igual espera su reforma a la Constitución Local.
Bajo el argumento de incentivar la participación ciudadana y evitar gastos excesivos, se contempla la posibilidad de incorporar en 2027 las consultas populares (si alguna llega a pasar) y la revocación de mandato, a la cual la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se sometería; incrementando el número de boletas, métodos de votación y fórmulas que la ciudadanía debe contemplar para ejercer de manera plena su derecho al voto.
De ser el caso, la suma de todos estos cargos generaría una conflictiva mayúscula para las autoridades y los ciudadanos que integren las casillas para un conteo efectivo de los votos.
Ante esto, existe la posibilidad de dividir las elecciones mediante dos escenarios: 1) llevar a cabo las votaciones en dos meses distintos de 2027 o 2) realizar una primera elección en 2027 y la segunda en 2028.
El 2027 todavía se ve lejano. Sin embargo, una vez que la reforma electoral sea presentada, discutida y aprobada, correrá la cuenta regresiva para que las autoridades, sociedad civil y ciudadanía tomen acción y definan sus posturas rumbo a la elección del -0-próximo año.
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