Nuevo ataque al derecho a la libertad de expresión

12 de agosto de 2026

5:20

Por Alejandro Guillén Reyes

La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, de establecer nuevos lineamientos para regular la protección de los “Derechos de las Audiencias” atenta contra la libertad de expresión. Si acaban con este derecho en México, no solo destruirán lo poco que queda de democracia, sino que además la corrupción gubernamental se multiplicará.

En efecto, a la corrupción solo se le puede combatir dentro de una democracia liberal, pues en ella existe la libertad de expresión necesaria para que la ciudadanía pueda exhibir públicamente las irregularidades. En cambio, en dictaduras criminales como Nicaragua o Venezuela, donde dicha libertad no existe, resulta imposible denunciar un acto de corrupción. No es casualidad que, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ambos países figuren entre los ocho más corruptos del planeta.

Con esta propuesta, México descenderá un peldaño más hacia un régimen no democrático. Lo que el gobierno mexicano pretende es otorgar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —dependiente del gobierno federal— la facultad de juzgar si la información emitida por un comunicador vulnera los derechos de un radioescucha o televidente, autorizándola a sancionar a la concesionaria con multas. Todo esto en perjuicio de quienes ejercen su libertad de expresión a través de dichos medios. Por supuesto, el propio gobierno —principal emisor de juicios y descalificaciones en contra de quienes le dedican desacuerdos o críticas en medios de comunicación— no estará sujeto a tales lineamientos.

En consecuencia, estas normas tienen el claro propósito de inhibir la libertad de expresión.

¿Cómo nos afecta esto a quienes ponemos énfasis en el combate a la corrupción?

Pongo como ejemplo a “Juan Pueblo Bueno”, un televidente o radioescucha que todas las mañanas consume el discurso oficial y cree ciegamente en él. En una «mañanera», esta persona escucha que desde la llegada de la «Cuarta Transformación» la corrupción se erradicó y que los corruptos pertenecen únicamente al pasado. Estadísticamente, este personaje pertenece al 18 % de los mexicanos cree que la corrupción ha disminuido o ha desaparecido.

Posteriormente, “Juan Pueblo Bueno” escucha un programa de radio o televisión en el que yo —Alejandro Guillén Reyes— afirmo que en los últimos siete años la corrupción se ha incrementado en el estado de Puebla y en otras entidades de la República. Para respaldar mi dicho, aporto cifras, datos estadísticos y cito a colegas académicos y organizaciones de la sociedad civil, pero sin hacer una distinción explícita entre noticia y opinión (uno de los absurdos requisitos de la nueva regulación que se propone).

Ofendido por la contradicción entre mi análisis y sus convicciones, el señor “Pueblo Bueno” interpone una queja amparada en los nuevos lineamientos y en su «derecho de audiencia», al considerar que mi declaración no coincide con lo que ella cree —erróneamente— que es la verdad.

La queja llega ante el “defensor de las audiencias” nombrado por la propia concesionaria, quien coincide con mi postura. Frente a esta discrepancia, ¿quién decidirá en última instancia quién tiene la razón?

Lo hará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal—, la cual tiene el poder de imponer multas de hasta el 1 % de los ingresos acumulables de la concesionaria, si considera que se ha vulnerado el “derecho de audiencia” del señor “Pueblo Bueno”.

¿Usted cree que dicha comisión nos dará la razón a nosotros? ¿Esa comisión que pertenece al gobierno federal aceptará la veracidad de nuestras afirmaciones?

Esta dinámica provocará la autocensura e inhibirá a las voces que critiquen los actos de corrupción y demás desaciertos del gobierno.

Espero que este ejemplo -burdo, ciertamente- sirva para ir dimensionando el alcance real de las reglas que el gobierno federal pretende imponer bajo el pretexto de «proteger» los Derechos de las Audiencias.

Si estos lineamientos se aprueban, en el futuro usted se enterará cada vez menos de los hechos de corrupción cometidos por el gobierno en turno.