Nada Personal

13 de abril de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

FGE-Ejército a líder de Morena en litigio por herencia familiar

La ciudad de Tehuacán se convirtió en el laboratorio experimental del totalitarismo gubernamental con el uso faccioso de la procuración de justicia, de jueces y de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) al servicio de la lideresa de Morena por un litigio de herencia millonaria.

Lo que las fuerzas armadas no pudieron comprobar con videos del presunto enfrentamiento y muerte del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, en Tehuacán existen las videograbaciones de un operativo militar y policiaco para detener a una anciana de 86 años y a un notario de 75 años.

Solo alguien con poder político y control de los poderes del Estado puede ordenar la participación de la Marina y el Ejército para detener a la empresaria de 86 años, Estela Romero Bringas, y al notario público Ramiro Rodríguez Maclub, de 75 años.

La comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, deberá pedir una explicación al comandante de la XXV Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enriquez Rojas, por qué dio la orden del despliegue de tropas para detener a una anciana de 86 años y enviarla a una prisión.

Debe explicar la presidenta porqué se implementó un operativo propio de un asalto para detener a un peligroso delincuente, cuando se trataba de una facultad ministerial de la Fiscalía General del Estado para ejecutar una orden de aprehensión.

Sino fue la presidenta como comandante en jefe del Ejército, quién Puebla tiene ese poder y facultad para utilizar a militares de la Sedena y Semar para incursionar en domicilios privados y la sede de la empresa de la finada Socorro Romero Sánchez; porque esas facultades no las tiene el gobernador ni la Fiscalía General, ¿o sí?

La Fiscalía General, el Poder Judicial del Estado, la Sedena, la Semar y la Policía Estatal (SSP) fueron puestas a disposición de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, (Olga Lucía) Mónica Caballero (Romero) Garcí Crespo, en una disputa por la herencia familiar de la empresaria Socorro Romero Sánchez.

Hombres encapuchados, presuntos policías ministeriales, ingresaron a los domicilios destruyendo portones, puertas, ventanas, videocámaras de vigilancia y con todo lujo de violencia golpearon a trabajadores y hasta a una vendedora de tortilla.

Los policías encapuchados sacaron por la fuerza a la anciana en silla de ruedas, obligándola a subir a la cabina de una camioneta de batea, sin importarles las condiciones de salud de la mujer que EPOC, sacándola de la silla de rueda y llevarla a la Casa de Justicia.

No es la primera vez que el gobierno pone a disposición de la presidente estatal de la Morena. (Mónica) Olga Lucía (Caballero) Romero Garcí Crespo – o como se llame- a jueces y policías ministeriales en el litigio familiar, lo que ya había ocurrido en el gobierno del finado Miguel Barbosa Huerta quien ordenó la detención y retiro de la patente del notario Rodríguez Maclub.

Ambicioso como Olga (Mónica) Romero, Barbosa Huerta puso a disposición de la dirigente estatal morenista a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia, con la promesa de la lideresa morenista de entregarle el 65 por ciento de los más de 600 millones de dólares de un fideicomiso en Estados Unidos como parte de la herencia.

Periodistas y miembros de la sociedad tehuacanera insisten en la participación del panista y exsenador Roberto Gil Zuarth como asesor jurídico de la morenista Romero Garcí Crespo, abogado que tomó el caso por indicaciones de Miguel Barbosa, porque era su asesor jurídico.

La manera en la detención de la empresaria Estela Romero Bringas, y la participación de tropas del Ejército Mexicano tiene indignados a amplios sectores de la sociedad tehuacanera, y califican el hecho como “histórico” por “inédito” el exceso, la violencia y desproporción del uso de la fuerza con la presencia militar para la detención de una anciana de 86 años y de su notario, 75 años, independientemente del litigio.

No es tampoco la primera vez que la FGE utiliza a la Marina y al Ejército en detenciones de adversarios políticos con la acusación de presuntos delincuentes, y después se comprueba por la Justicia Federal la falta de pruebas del MP, ensuciando así el prestigio de las fuerzas castrenses.

Es un exceso de enfermedad de políticos, gobernantes, encargados de procurar la justicia jueces locales y federales de utilizar a las fuerzas armadas en detenciones que corresponden a autoridades locales por litigios del fuero común.

Es evidente el tráfico de influencias en el litigio familiar por una herencia de la presidenta estatal de Morena; hay más que un interés personal, porque por sí solo, por legítima o ilegítima ambición personal de Olga Romero, no tiene la capacidad para darle una orden a la FGE, a jueces y al comandante de la XXV Zona Militar de la Sedena.

Lo ocurrido en Tehuacán es una vergüenza, y solo se puede entender como un ejemplo del laboratorio del totalitarismo en el ejercicio del poder; para ello querían el control de los poderes del Estado.

Serán los tribunales los que determinen el litigio particular de la familia heredera de doña Socorro Romero Sánchez, pero es reprobable usar a jueces, a la fiscalía general y a las fuerzas armadas al servicio del interés particular de la señora Mónica (Olga Lucía) Caballero (Romero) Garci Crespo, presidenta estatal de Morena y aspirante a la alcaldía de Tehuacán.