Nada personal
"Y que no me vengan a mí de que 'la ley es la ley'. Que no me vengan con ese cuento de que 'la ley es la ley'"; ¿recuerda esa frase?
Es una expresión de la arrogancia violatoria de la legalidad de Andrés Manuel López Obrador, pero la misma se le puede atribuir al embajador de EU en México, Ken Salazar.
También aplicable a otro populista, de derecha, el republicano Donald Trump al “invadir la cancha” de la FIFA para ordenar el retiro de la tarjeta roja a un jugador del seleccionado estadounidense.
Con ese mismo principio, en este caso relacionado a los tratados internacionales y al principio de no intervención en los asuntos internos de los países, el gobierno de México utilizó una aeronave militar para “extraer” al pederasta Evo Morales, de Bolivia.
Y con toda razón, la misma frase la puede argüir el director de la Federal Bureau of Investigation, el FBI en sus siglas en inglés de Buró Federal de Investigaciones, ante las revelaciones del periodista Luis Chaparro de la intervención del FBI en la sustracción en Sinaloa de Ismael El Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024.
Empero la “ley es la ley” y la frase sirve como argumento para que el gobierno de la 4T y sus integrantes apelen al cumplimiento de los tratados internacionales para la detención del intocable narcotraficantes transexenal El Mayo Zambada, para lavarse la cara.
Ante la inactividad de los gobiernos mexicanos para detener a los capos del narco, principalmente por la gravedad del tráfico de drogas como el fentanilo, el FBI y la DEA recibieron luz verde para detener al poderoso narcotraficante del Cartel de Sinaloa.
El rechazo del gobierno federal a la intervención del FBI en la detención del capo, por violentar la soberanía nacional, es una manera de curarse en salud por parte del régimen obradorista ante las posibilidades de una incursión de EU para capturar a otros narcos.
La advertencia del gobierno de EU no es nueva respecto a perseguir y eliminar en cualquier parte del mundo a líderes del narcotráfico transnacional al ser declaradas organizaciones terroristas internacionales. Venezuela es el caso muy nítido.
Existe principal preocupación de la cúpula gobernante porque en un par de semanas Isamel Mario Zambada será notificado de la sentencia, al lograr una permuta de cadena perpetua por la pena de muerte, a cambio de colaborar con el Departamento de Justicia.
El fundador de Cártel de Sinaloa será notificado por una Corte, posterior a las negociaciones con la justicia de EU y la altísima probabilidad de haber revelado la red de vínculos y complicidades del crimen organizado, con gobernantes federales y de los estados.
Evidentemente hay nerviosismo en el régimen de una eventual incursión en territorio mexicano para capturar a los principales líderes de cárteles, por lo que no es gratuita la irrupción “patriótica” del líder parlamentario Ricardo Monreal Ávila, un expriista que junto con su familia han expandido su poder en Zacatecas, bajo dominio del crimen organizado.
Era previsible la vuelta a la realidad en México posterior al mérito de los seleccionados, magnificados de manera interesada por el aparato federal de publicidad y propaganda, como un distractor; pero la distracción llegó hasta octavos de final, y la escena lo ocupa el narco.
Está claro que detrás del discurso de la defensa de la soberanía nacional existe una protección judicial a Rubén Rocha Moya y a sus nueve cómplices en Sinaloa en el cogobierno con el Cártel de Sinaloa, contra quienes no hay una sólida indagatoria por la FGR.
Le urgen al régimen de la 4T retomar la narrativa de la defensa de la soberanía nacional y contra el intervencionismo, y con ese fin de la propaganda Sheinbaum politizó el caso al dirigir sus baterías al acusar a Vicente Fox y a Felipe Calderón de proteger a Isamel El Mayo Zambada.
Rosa Icela Rodríguez, la titular de Gobernación, le hizo la segunda al asegurar - sin fe notarial- que el gobierno de la 4T no tiene acuerdos criminales con la delincuencia. ¿Te cae?
Si no tiene pactos criminales el régimen de la 4T, entonces cómo explicarán el crimen del robo del huachicol fiscal durante el gobierno de López Obrador, con la participación del secretario de la Marina, Rafael Ojeja, los aduaneros, el militares del Ejército, de la Guardia Nacional y de las Policías, con la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esa es la defensa de la soberanía nacional, de que no se metan con sus narcos. Es pregunta.




