Nada Personal

27 de mayo de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Debate por narcopolítica narcotizará comicios 2027

En espera de conocer la decisión de la mayoría de Morena en el Cámara de Diputados de someter a juicio político a Rubén Rocha Moya, Maru Campos y Alejandro Moreno, el tema es si les será suficiente para limpiarse la imagen de narcopartido o narcogobierno.

Con todo y que una de las encuestas publicadas recientemente el partido oficial recuperó la intensión del voto para las elecciones intermedias de 2027, superando la suma de los puntos atribuido a la oposición, necesita limpiar su imagen.

Si bien el movimiento obradorista es especialista en purificar a personajes de mala reputación provenientes del PAN, PRI, PES e Iglesia de la Luz de Mundo, no le alcanza para quitarse por decreto la imagen de ser parte de la narcopolítica.

Para las campañas electorales intermedias de 2027 el tema para Morena y el gobierno de la 4T será cómo van a superar el estigma de narcopartido, narcoestado o narcogobierno.

Podrá apoyarse el oficialismo de la acusación de “traidora a la patria” contra la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos por la presencia de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, pero puede quedarse solo en un pleito regional, norteño, cuando el problema de imagen es nacional.

De lo ocurrido con el gobernador con licencia de Sinaloa Rocha Moya, y nueve servidores públicos más, sujeto a una petición de EU de detención provisional con fines de extradición, no solo es un estigma, sino una realidad judicial contra políticos de Morena.

A este hecho se suma la indagatoria federal por el llamado huachicol fiscal cuantificado parcialmente por unos 600 mil millones de pesos declarados por la fiscalía administrativa.

Lo delicado del escándalo de corrupción les costó la vida a tres miembros de la Marina y a una fiscal de la FGR, así como el encarcelamiento de los “primos” Farías, sobrinos del extitular de la Semar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien nunca fue llamado a declarar sobre el robo millonario.

No será fácil para el partido oficial evadir los señalamientos opositores en las campañas electorales relacionados a la narcopolítica, al grado de que, comprado estos escándalos de vínculos con el crimen organizado, el caso del enjuiciamiento en EU de Genaro García Luna, palidece frente a la magnitud de los señalamientos a Morena.

Durante la confrontación electoral para renovar las 17 gubernaturas, los 300 distritos electorales federales, los congresos locales y los ayuntamientos, el debate y la propaganda se narcotizará, lo que dividirá más al país y dejará en segundo plano la solución de las grandes problemáticas como el estancado crecimiento económico, el aumento de la deuda pública, la caída del empleo formal y el aumento de la economía informal, la falta de inversión nacional, la creciente corrupción, etcétera.

Uno de esos ejemplos del fomento al odio y la división es el nuevo citatorio de la FGR a la gobernadora panista María Eugenia Campos.

La mandataria fue denunciada penalmente por el senador de Morena Javier Corral Jurado, al acusarla de presunto secuestro cuando la FGJCDMX impidió la detención del expanista por el delito de peculado cuando fue gobernador de esa entidad norteña.

Entonces la respuesta opositora será la crítica impunidad y protección del senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, vinculado presuntamente al grupo delictivo La Barredora que comandó el exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez en la gestión de López.Así es que las elecciones intermedias locales y federales estarán narcotizadas por la influyente presencia del crimen organizado que ha penetrado en todos los espacios de la vida pública de las instituciones, y con mayor control territorial en municipios y estados.