A la vista pública
El presidente Donald Turmp, un día sí y el otro también, asegura que en México hay territorios controlados por el crimen organizado.
Con el mismo ritmo de repuesta aclaratoria, el gobierno federal niega tal acusación al exhibir cifras de detenciones y la baja de homicidios; en tanto, presume, los mexicanos viven felices.
Entonces casos como un estado completo, Sinaloa, es la excepción, como lo es el municipio de Acatzingo -y las demarcaciones del triángulo rojo- bajo el control del crimen.
Bandas criminales de huachicoleros operan con toda libertad e impunidad en calles y avenidas, carreteras federales, caminos rurales, brechas en los municipios de Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, San Salvador el Seco, Huixcolotla, Reyes de Juárez…
Los campesinos de la región se han acostumbrado a convivir con el olor a gasolina en zonas de cultivos por la permanente ordeña de combustible en la red de ductos de Pemex en las tomas que ya son clandestinas, sino públicas y tienen dueño.
Los habitantes en esa región del triángulo rojo no solo se han acostumbrado a la circulación de vehículos con tanques en convoy vigilado para transportar el combustible robado, hasta les liberan los caminos para el tránsito sin obstáculos.
Acatzingo -como otros municipios de la zona-, gobernado por el partido oficial, no solo abandonó sus deberes como autoridad para garantizar la seguridad pública, sino que sirve a los delincuentes.
Ese municipio al oriente del estado es rehén de la delincuencia que lo mismo extrae ilegalmente gasolinas de ductos, que opera el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el secuestro.
No hay actividad productiva que no pase por el cobro de piso de los delincuentes, desde el negocio más modesto como un microcomercio, plazas comerciales, clínicas médicas, mercados municipales, transportistas…
Los grupos delictivos que operan en Acatzingo le cobran piso hasta a las escuelas públicas que dependen del gobierno del estado, y el alcalde morenista no mueve un dedo a favor de la población.
Los grupos criminales son dueños de calles y avenidas en la cabecera municipal, en los barrios y juntas auxiliares, imponen toque de queda en las noches y madrugadas; “levantan” y asesinan a sospechosos de pertenecer a grupos rivales, ante la total ausencia de patrullajes de las policías municipal y estatal.
Los delincuentes son dueños de amplias regiones de esa zona, con la capacidad de suspender por horas los servicios de suministro de electricidad y redes de telefonía en Acatzingo, para ejecutar operativos contra grupos rivales.
Acatzingo enfrenta una ola de desapariciones de jóvenes, víctimas de la delincuencia.
Las autoridades municipales y del estado no investigan ni revisan los permisos para el servicio de los llamados mototaxis, de los que se sabe están al servicio de la delincuencia organizada con actividades de halconeo para el crimen organizado.
La vida pública y privada en ese y el resto de los municipios del llamado triángulo rojo es dominada por la delincuencia.
Acatzingo ha sido gobernados por el PRI, PRD, PAN y Morena, y desde entonces ha sido la delincuencia quien gradualmente se infiltró en el gobierno municipal y en los partidos políticos para tener el control del municipio.
Los habitantes de Acatzingo -como ocurre en otros - han perdido la libertad, la seguridad y la felicidad; viven como rehenes de la delincuencia y piden permiso a la delincuencia hasta para realizar fiestas familiares y bailes sonideros, porque lo controlan todo.
Camionetas blindadas, vehículos de alta gama en convoy, ropa paramilitar, armas largas de alto poder, sicarios procedentes de otras entidades, levantones de jóvenes, son el pan de cada día en ese municipio abandonado por las fuerzas públicas de seguridad.
Es tal el poder de la delincuencia que tiene prácticamente concesionado el tramo de Acatzingo hasta Esperanza de la autopista Puebla-Veracruz.
Hay hartazgo entre la población, y nadie en los gobiernos los atiende; se sienten entregados a un “gobierno” del crimen que no eligieron.




