Nada Personal
Para el remoto 2030 de la sucesión gubernamental en Puebla, militantes y dirigentes de Morena deben tomar nota de quién y cómo designó a los candidatos y candidatas para las gubernaturas en los 17 estados, para el 2027.
Posterior a los contenidos de las respectivas cartas publicadas por Rubén Rocha Moya y Andrés Manuel López Beltrán, en Palacio Nacional apresuraron los destapes.
Hizo su aparición el tradicional dedazo presidencial (al mejor estilo priista), una medida preventiva muy oportuna para cerrarle el paso a las presiones del cártel (¿lo pensé o lo redacté?) de Tabasco.
Una de las “dedeadas”, la morenista Rosi Bayardo, resbaló al asumirse “candidata” a la gubernatura de Colima; le enmendaron la plana diciéndole que era “coordinadora”, sin embargo, a estas alturas del cinismo y la simulación, el tropiezo no cambió nada.
El dedazo presidencial continúo el miércoles 26 con los anuncios de la cúpula del partido oficial de las designaciones para los estados de Querétaro y Sinaloa, de los candidatos bajo la figura de coordinadores “en la defensa de la transformación y de la soberanía nacional”.
Se trata en suma del regreso del dedazos presidencial para designar a los candidatos bajo la figura de “coordinadores” que para efecto práctico son los candidatos de las campañas anticipadas, violatorias a la legislación electoral de los estados.
Más allá de la conjunción del dedazo con el centralismo para imponer desde el centro del poder político a los candidatos, subyace la decisión del oficialismo de atropellar las leyes, la constitución y la legislación electoral federal y de los estados.
En ninguna de las primeras designaciones de candidatos a las 17 gubernaturas el partido Morena reveló la presumida transparencia en el resultados de las encuestas, incluida la metodología, con el argumento de que las cifras no se hicieron públicas, pero se las entregaron en privado a los aspirantes.
La morenista Citlalli Hernández, encargada de la comisión nacional de selección de candidatos de Morena, justificó la opacidad en los resultados de las presuntas encuestas -sin fechas de cuándo se levantaron-, pero con la presentación de los “coordinadores” avalados por el “pueblo” (sic), un recurso verbal cargado de demagogia.
Hernández utilizó como argumento para no revelar los resultados de las encuestas, el hecho de tratarse de “tareas partidarias” del “movimiento” (sic) de la 4T, soslayando la naturaleza del partido oficial Morena, como un ente de interés público porque recibe recursos del erario.
Se trata de la total y absoluta ilegalidad, sin el menor temor de ser sancionados por las autoridades laborales, principalmente de los tribunales electorales de los estados (IEE) y la federación (TEPJF) controlados por el oficialismo, a un extremo que ni los regímenes del PRI y PAN se atrevieron.
Con bolsas millonarias de recursos sin límites, el oficialismo realiza campañas adelantadas en los municipios y los estados con los aspirantes a los cargos de elección popular, en un situación de total ventaja, lo que constituye un agravio grotesco a la democracia electoral.
En este contexto, a quién sorprende la resolución del INE (Instituto Nacional Electoral) y de los magistrados del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) para la podada que le dieron al partido Somos México respecto a los colores y slogan, que deben modificar para no hacerle ruido al oficialismo en las boletas electorales.
Cerraron la jornada del control absoluto relacionado a los medios de comunicación críticos con la aprobación legislativa de la protección de los derechos de las audiencias, para cerra la pinza en el control absoluto del Estado.




