El último día de clases de 2025

Hoy, 19 de diciembre de 2025, miles de niñas, niños y jóvenes michoacanos, los trabajadores de la educación y sus respectivas familias hacen una pausa vacacional en su ciclo escolar. Pero este cierre no llega en las condiciones que merecen nuestros estudiantes ni que exige la dignidad de un estado que presume su riqueza cultural e histórica. Llegan a este momento arrastrando el peso de un sistema educativo fracturado, de promesas incumplidas y de una indiferencia institucional que debería avergonzarnos a todos.

Cualquier ciudadano comprometido con los derechos educativos en Michoacán no podría sino mirar este final de año escolar con una mezcla de indignación y dolor. Porque detrás de las estadísticas y los discursos oficiales, hay rostros concretos: la niña de primaria en la Meseta Purépecha que pasó semanas sin clases por conflictos magisteriales; el adolescente de Apatzingán cuya secundaria lleva meses sin internet funcional; la joven de preparatoria en Moreliaque debe elegir entre trabajar o estudiar porque su familia ya no puede sostener los gastos escolares.

Este ciclo escolar 2025-2026 comenzó, como tantos otros en Michoacán, con irregularidades y retrasos. Mientras en otros estados del país las clases iniciaban puntualmente, aquí se repitió la historia: escuelas sin maestros completos, planteles sin condiciones básicas de infraestructura y una coordinación institucional que brilló por su ausencia.

La violencia que azota a nuestro estado no ha dado tregua a las escuelas. Comunidades enteras han visto interrumpidas las clases por enfrentamientos entre grupos criminales, bloqueos carreteros y amenazas directas contra docentes. En regiones como Tierra Caliente, la Costa y algunas zonas de la Meseta Purépecha, asistir a la escuela se ha convertido en un acto de valentía, tanto para estudiantes como para maestros. ¿Cómo podemos hablar de garantizar el derecho a la educación cuando el simple trayecto a la escuela representa un riesgo para la vida? Particularmente, fue la violencia homicida la que marcó el 2025 como un año en el cual se segó la vida de tres presidentes municipales, anticipando el cierre del ciclo escolar en Tepalcatepec, interrupciones en Tacámbaro y la pérdida de vidas de adolescentes menores de edad que deberían de haber estado escolarizados en Uruapan y municipios circunvecinos, en el marco del magnicidio del que fue víctima Carlos Manzo.

Las cifras de abandono escolar en Michoacán siguen siendo alarmantes, particularmente en nivel medio superior y superior. Miles de jóvenes abandonan sus estudios no por falta de capacidad o interés, ni por carecer de transporte, sino por necesidad económica en sus hogares. La pobreza y vulnerabilidad que golpea a millones de michoacanos se refleja directamente en las aulas vacías. Cuando una familia debe elegir entre comprar comida o pagar la cooperación escolar, los uniformes o el transporte, los sueños y aspiraciones de movilidad social y bienestar se evaporan.

Si los funcionarios recorrieran comunidades rurales y periferias urbanas se darían cuenta de que el panorama es desolador. Escuelas con techos que gotean, baños que no funcionan, aulas improvisadas, mobiliario destruido, laboratorios sin equipo, bibliotecas inexistentes. La inversión en infraestructura educativa ha sido históricamente insuficiente, y este año no ha sido la excepción.

En pleno siglo XXI, hay escuelas michoacanas donde los niños toman clases bajo lonas de propaganda política, láminas de cartón o incluso árboles porque los salones están inhabitables. Hay planteles sin agua potable, sin luz eléctrica confiable, sin condiciones mínimas de salubridad. Y cuando llueve, las clases se suspenden porque el agua inunda los espacios.

La brecha digital, evidente desde la pandemia, sigue siendo una realidad aplastante. Comunidades sin acceso a internet, escuelas sin computadoras funcionales, docentes sin capacitación tecnológica. Mientras el mundo habla de inteligencia artificial y educación digital, miles de estudiantes michoacanos no tienen recursos básicos para aprender a usar una computadora. Apenas el 53 por ciento de los hogares michoacanos tienen conectividad a Internet.

No podemos hablar de la educación en Michoacán sin abordar el conflicto permanente entre las facciones magisteriales y las autoridades educativas. Este ciclo escolar ha estado marcado por paros, plantones y movilizaciones que, aunque responden a demandas laborales legítimas, tienen como principal víctima a los estudiantes.

Hay que decirlo con claridad: los maestros tienen derecho a organizarse, a exigir mejores condiciones laborales y a defender sus derechos. Pero también es cierto que miles de niñas, niños y jóvenes han perdido semanas completas de clases por estas movilizaciones.

La falta de diálogo efectivo entre autoridades estatales, federales y organizaciones magisteriales condena a los estudiantes a la incertidumbre permanente. ¿Habrá clases mañana? ¿Habrá paro? ¿Se recuperarán los días perdidos? Estas preguntas se repiten en miles de hogares michoacanos.

Pero incluso cuando hay clases, cuando los maestros están presentes y las escuelas abren, ¿qué tanto están aprendiendo los estudiantes michoacanos? Los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales colocan al estado entre los de peor desempeño educativo del país.

La formación docente continua es insuficiente. Los materiales didácticos llegan tarde o no llegan. Los programas de estudio están desconectados de la realidad michoacana, de sus necesidades y fortalezas culturales.

¿Dónde está la educación contextualizada que respete y potencie la diversidad lingüística y cultural? ¿Dónde están los programas que preparen a los jóvenes para los desafíos reales que enfrentarán?

Tenemos estudiantes que egresan de secundaria sin comprensión lectora, sin habilidades matemáticas básicas, sin las herramientas necesarias para insertarse en la educación media superior con éxito. Y cuando llegan a preparatoria, la situación se agrava. La falta de orientación vocacional, de tutoría efectiva, de programas socioemocionales para adolescentes que crecen en contextos de violencia y pobreza, es evidente.

Si la situación es grave para el estudiante promedio, es catastrófica para los grupos más vulnerables. Las niñas y niños con discapacidad enfrentan barreras monumentales: escuelas sin accesibilidad, maestros sin capacitación en educación inclusiva, ausencia de materiales adaptados y discriminación sistemática.

Los estudiantes de pueblos originarios, particularmente en comunidades purépechas, nahuas y mazahuas, muchas veces deben elegir entre una educación en español que les resulta ajena o no acceder a educación de calidad. La educación intercultural bilingüe, aunque existe en el discurso oficial, es prácticamente inexistente en la práctica. Sus lenguas, cosmovisiones y saberes ancestrales son invisibilizados en el currículo oficial.

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. El Estado mexicano y el gobierno de Michoacán tienen la obligación legal, moral y ética de garantizarlo. Y están fallando.

La inversión educativa como porcentaje del presupuesto estatal es insuficiente. Los programas de becas no cubren las necesidades reales. La coordinación entre la SEP federal y la Secretaría de Educación estatal es deficiente. Las políticas educativas carecen de continuidad y visión de largo plazo, sujetas al vaivén político.

Más allá de los recursos, hay falta de voluntad política para transformar la educación michoacana. Se anuncian discursos, obras inconclusas y programas que no se implementan. Mientras tanto, niñas, niños y jóvenes pasan los años escolares sin recibir la educación de calidad que merecen.

Mañana termina el ciclo escolar, pero los problemas estructurales permanecerán. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos ciclos escolares más antes de exigir un cambio radical en la política educativa?

Se necesita un nuevo pacto social por la educación en Michoacán. Un pacto con gobierno estatal y federal, organizaciones magisteriales, padres de familia, estudiantes, academia y sociedad civil. Un pacto que priorice y cumpla, colocando a niñas, niños y jóvenes al centro.

Es impostergable que la educación deje de ser botín político. Que los conflictos laborales no afecten el derecho a recibir clases. Que se invierta en infraestructura, formación docente, materiales educativos, inclusión y atención a la diversidad. Que la violencia no interrumpa la vida escolar.

La responsabilidad de las autoridades no termina con inaugurar obras o repartir útiles. Su trabajo es garantizar que cada estudiante michoacano, sin importar dónde viva o su condición social, reciba una educación de calidad para desarrollar su potencial.

La lucha magisterial es legítima, pero los estudiantes no pueden seguir siendo víctimas colaterales. Defendamos derechos sin sacrificar el derecho a la educación. Exijamos rendición de cuentas, participemos y fortalezcamos comunidades educativas.

Cuando suenen las campanas al cierre del ciclo, celebremos la resiliencia de los estudiantes, pero recordemos los obstáculos que no debieron existir y comprometámonos a que el ciclo 2025-2026 sea diferente.

Que las autoridades aprovechen el receso para planear políticas públicas articuladas, integrales y transversales. Se requiere blindar a cada niña, niño y joven para trayectorias educativas completas y asegurar que las becas 2026tengan impacto real en los indicadores educativos.

La educación es la base del desarrollo social, económico y cultural. Un estado que descuida a sus estudianteshipoteca su futuro. Michoacán necesita un gobierno educador.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en X en @Erik_Aviles
Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.