El modelo salarial de la 4T llegó al límite

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio una muy buena noticia: en 2025 las remuneraciones medias de los trabajadores aumentaron 3.3% en términos reales. Al crecer el ingreso laboral por encima del valor de la canasta que define un consumo mínimo, la pobreza laboral continuó su tendencia descendente de los últimos años. De acuerdo con el INEGI, el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir dicha canasta pasó de 40.7% a finales de 2018 a 32.3% en diciembre de 2025. Es una excelente noticia, y buena parte de ella se explica por los incrementos anuales al salario mínimo.

En consecuencia, la masa salarial también se ha expandido a lo largo de estos siete años. Tan solo en 2025 creció 8.3% en términos reales, según el INEGI. Esto significa que, del PIB total que genera la economía cada año, la porción que corresponde a los salarios es hoy considerablemente mayor que antes: pasó de 24.7% en 2018 a 32.5% en 2025. Sin duda, se trata de un avance relevante.

Lamentablemente, la realidad es mucho más complicada y hay impactos colaterales. Dado que el PIB per cápita no ha crecido desde 2018, el tamaño del “pastel” se ha mantenido prácticamente igual. Por lo tanto, si aumenta la retribución destinada a los trabajadores (vía sueldos y salarios), necesariamente se reduce la parte que corresponde al capital. En efecto, el alza salarial combinada con el estancamiento económico ha presionado las utilidades empresariales. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, más de 54 mil mipymes y otras empresas dejaron de registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No todas esas empresas desaparecieron; muchas, presumiblemente, migraron a la informalidad. De acuerdo con datos de empleo también reportados por el INEGI, si bien la ocupación aumentó en 2025, la mayor parte de los nuevos puestos se generó en el sector informal: 1.2 millones de empleos adicionales. Es decir, el limitado crecimiento de la ocupación se concentró mayoritariamente en trabajos de menor productividad, sin prestaciones ni seguridad social y sin contribuir al impuesto sobre la renta.

En contraste, el empleo formal creció apenas 2.44 millones de plazas en los últimos siete años, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que palidece frente a los 4.4 millones de empleos formales creados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el empleo formal aumentó apenas en 279 mil plazas en 2025. Además, si se excluye la “formalización” de trabajadores —como los de plataformas digitales—, que no implica necesariamente nuevos puestos, la creación neta de empleo formal habría sido de solo 109 mil plazas ese año.

La reducción de utilidades, que en parte obedece al incremento de los costos laborales, responde sobre todo a que el pastel no ha crecido. El PIB permanece estancado y el sector privado muestra reticencia a invertir. La debilidad del Estado de derecho, la inseguridad y las altas tasas de interés inhiben la inversión. A su vez, el aumento de costos reduce la rentabilidad y la caída de utilidades limita aún más los incentivos para invertir. A ello se suma una mayor competencia externa derivada de la apreciación del peso y el hecho de que tres cuartas partes del incremento del consumo se concentran en bienes importados. Así, buena parte del aumento en los ingresos laborales no se traduce en un impulso directo a la economía nacional.

Si el PIB y la productividad no crecen, cualquier incremento salarial adicional terminará desplazando utilidades y, con ellas, el incentivo indispensable para generar nueva inversión. Si además persisten la inseguridad, la extorsión y la fragilidad del Estado de derecho –con un Poder Judicial percibido como subordinado al gobierno y a intereses particulares– la inversión seguirá deprimida. En los últimos años ha sido tan baja que apenas ha compensado el desgaste del acervo de capital y, en algunos periodos (como 2020 y 2024), ni siquiera eso.

La única forma de que la llamada 4T pueda sostener su política de aumentos salariales es impulsando la inversión privada y el crecimiento económico. Sin un cambio de estrategia que garantice certeza jurídica, combata frontalmente la inseguridad y asegure la viabilidad de las finanzas públicas, el gobierno difícilmente podrá mantener esa política sin provocar más informalidad, menor inversión y un estancamiento prolongado. Colaboración compartida con laaurorademexico.com