Dicen los que saben: Memoria selectiva en crisis del transporte público

La crisis reciente del transporte público en Puebla no es un accidente ni una sorpresa. Es, en realidad, la consecuencia lógica de años de simulación, omisiones pactadas y una legalidad administrada a conveniencia.

Por eso resulta llamativo -y hasta ofensivo- que hoy los concesionarios busquen colocarse en el papel de víctimas frente a una autoridad que, por primera vez en mucho tiempo, decidió tocar intereses que parecían intocables.

Sus argumentos son los de siempre: operativos excesivos, sanciones injustas, amenazas a su fuente de empleo. Pero el discurso omite que durante años, buena parte del transporte público en Puebla operó al margen de la ley con la complacencia de exfuncionarios, el amparo del coyotaje y la normalización del moche como sistema.

Los concesionarios se quieren presentar como actores indefensos frente a un Estado voraz, cuando en realidad fueron beneficiarios de un esquema de tolerancia selectiva.

Circular sin revista, sin placas, con unidades obsoletas o con documentos irregulares no era una excepción, era regla. Y esa regla se sostenía gracias a intermediarios que, por una cuota, arreglaban cualquier problema.

El auge del coyotaje en el transporte público tuvo uno de sus momentos más claros durante el marinismo, cuando Valentín Meneses operó como uno de los principales arquitectos de un sistema donde el control político del transporte se convirtió en una fuente permanente de ingresos informales.

Las consecuencias están a la vista: unidades envejecidas, rutas saturadas, choferes sin capacitación adecuada y una cadena de accidentes que, en varios casos, terminaron en tragedias fatales.

Cada microbús sin frenos, cada combi con llantas lisas, cada unidad que se incendia o se queda sin control tiene detrás algo más que negligencia individual, tiene detrás un sistema que prefirió el moche a la renovación.

El pasajero pagó con traslados inseguros, tiempos perdidos y, en el peor de los escenarios, con su vida. La ausencia de modernización fue una decisión tomada con la certeza de que nada pasaría.

El conflicto actual desnuda que el transporte público se acostumbró a operar sin consecuencias. Cuando la autoridad decide aplicar la norma, el sistema colapsa. No porque la ley sea inviable, sino porque el incumplimiento se volvió estructural.

Eso no exonera al gobierno de su responsabilidad. Regular sin una estrategia de transición clara también tiene costos sociales, y el usuario queda entre concesionarios que paran o reducen el servicio y una autoridad que llega tarde a corregir un problema.

Pero una cosa debe quedar clara, el origen del desorden no está en los operativos recientes, sino en los años de permisividad.

La discusión de fondo no es si los concesionarios están siendo afectados, sino por qué el transporte público llegó a este punto. Y la respuesta incomoda es porque durante demasiado tiempo fue negocio operar mal, pagar por debajo de la mesa y evadir cualquier obligación de fondo.

El transporte público de Puebla necesita una sacudida profunda. No solo en unidades, sino en la lógica que lo ha gobernado. Mientras se siga apelando a la victimización y no a la autocrítica, cualquier intento de transformación quedará incompleto.

La legalidad no puede ser optativa ni negociable. Mucho menos cuando lo que está en juego es la seguridad de miles de personas todos los días.