Diagnóstico Político

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crítico. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que hay indicios de una posible participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el operativo que terminó en la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, el 25 de julio de 2024.

En la Mañanera del 7 de julio, la mandataria mexicana dejó en el ambiente la idea de un acuerdo entre Washington y el crimen organizado. Además, cuestionó al entonces embajador del vecino del norte en México, Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 negó la intervención de las agencias estadounidenses en el operativo. 

Incluso, el diplomático se fue de su cargo sin entregar un informe sobre la captura del capo Ismael El Mayo Zambada; “el reporte seguiría los canales legales”, argumentó.

El asunto no es menor, todo el aparato del Estado Mexicano se echó a andar:  La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que, de confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, esto implicaría la violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional.

 La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará formalmente al FBI mayor información sobre su participación en el operativo para detener al cofundador del cártel de Sinaloa.

En Palacio Nacional no se ha determinado todavía si habrá alguna demanda; por lo pronto, pidieron información al actual embajador estadunidense Ronald Johnson sobre cómo el avión, donde fue secuestrado el capo y llevado a Estados Unidos, terminó prestado a un museo El Paso Texas. No queda claro quién es el dueño de ese avión.

Mientras tanto, el próximo 20 de julio la justicia estadounidense dictará sentencia contra Ismael El Mayo Zambada García; el acusado aceptó su culpabilidad, reconociendo que eso implica la imposición obligatoria de una condena de cadena perpetua.

 El abogado defensor Frank A. Pérez dio a conocer una carta donde resaltó que su cliente ha sostenido esta posición desde que fue entregado de manera “involuntaria” a las autoridades estadounidenses.

 Según su abogado, a Zambada no le interesa negociar una reducción de su condena a cambio de su cooperación. En realidad, con esta maniobra intenta evitar ser enviado a una cárcel de máxima seguridad. Buscaría ser recluido en una prisión con capacidad para atender una serie de condiciones de salud que padece.

La decisión de su destino recae en el juez federal Brian Cogan, el mismo que presidió los juicios de El Chapo y de Genaro García Luna.

Respecto a una negociación de cooperación del capo como testigo con las autoridades estadounidenses, a cambio de algún beneficio, se iniciará después de dictarse la condena, y sería a partir de la iniciativa del Departamento de Justicia.  El tiempo nos lo dirá.