Diagnóstico político

La relación entre México y Estados Unidos pasa por momentos de mucha tensión y altibajos; las autoridades mexicanas reclamaron las 269 solicitudes de extradición que se han planteado al vecino del norte desde el 2018, de las cuales 36 fueron negadas y 233 permanecen pendientes de concluir. 

De este modo la presidenta Claudia Sheinbaum da una nueva versión de respuesta a las solicitudes de detenciones con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y demás implicados, quienes son acusados de presunto vínculo con el cártel de Sinaloa.

La presión de la Casa Blanca contra la clase política en el poder cambio la correlación de fuerza al interior de Morena. El  grupo de la Presidenta de la República tomó el control sobre las candidaturas en el 2027, desplazando así a los Lopéz obradoristas.

La dirigente nacional morenista Ariadna Montiel desechará a políticos involucrados en la corrupción  o que tengan mala reputación, tampoco aceptara el nepotismo electoral.

 Un candidato ideal a ser sacrificado sería el senador Enrique Inzunza; Washington lo quiere llevar ante la justicia.  En esas condiciones la candidatura a la gubernatura de Sinaloa se aleja. Otro afectado podría ser el senador zacatecano Saúl Monreal Ávila (hermano del diputado federal Ricardo Monreal), quien aspira a gobernar su estado.

En el morenismo de Claudia Sheinbaum, los futuros candidatos a diputados federales, locales, a las presidencias municipales y a las 17 gubernaturas deberán tener una trayectoria intachable. Esto aplicaría para sus aliados políticos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes aceptaron las nuevas reglas.

La piedra angular de la limpieza interna en Morena será la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde opera gente de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tendrá el control del proceso electoral morenista. Muchas carreras llegarán a su fin.

 Por lo pronto, la UIF congeló las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de sus hijos y de los otros implicados. Las acciones tienen un carácter estrictamente preventivo, las cuales provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. 

 CSP empieza a distanciarse cada vez más del gobernador sinaloense con licencia, ya no parece estar tan dispuesta a arriesgar su capital político. El  pasado 15 de mayo aseguró que no defenderá a nadie, aunque sea de Morena, sí hay pruebas de sus ilícitos.

 Tres días después cambiaron los ánimos en Palacio Nacional; descartaron que la entrega del ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida y del ex secretario de Administración del gobernador Rubén Rocha, Enrique Díaz, represente un riesgo al proyecto que encabeza. 

Incluso, CSP rechazó la narrativa de la Casa Blanca, sobre que el crimen organizado gobierna México;  insiste sobre que el limite de la colaboración es el respeto a la soberanía. Acusó a la oposición mexicana y a los intelectuales de promover la idea de que en nuestro país hay un narcogobierno y un narco partido. 

Como si esto no fuera suficiente, llegarán a la Ciudad México dos altos funcionarios del gobierno estadounidense: el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y la directora de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas, Sara Carter, autora del documento de estrategia de combate en la que se reconoce el problema de drogas en el país vecino.

¿A qué vienen? ¿a presionar más?