Cohesión Social: Sectorizar el bienestar animal

El pasado quince de marzo con treinta votos a favor y seis en contra, el Honorable Congreso del Estado de Puebla aprobó elDecreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado.

Y, ¿qué tiene de relevante esta aprobación?

Con ella, se extingue el Instituto de Bienestar Animal (IBA), trasladando sus funciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF).

La aplanadora legislativa decidió que la protección animal sea un apéndice administrativo y no una prioridad ambiental y de seguridad pública.

A simple vista, el discurso oficial suena encantador, mayor alcance en los 217 Municipios.

Sin embargo, la realidad operativa dicta una sentencia distinta.

El maltrato animal no es un asunto de asistencia social, ni se cura con buena voluntad; es un problema de seguridad pública y salud ambiental que exige peritajes, especialización técnica y rigor jurídico. 

Resulta alarmante que se le delegue esta responsabilidad a un SEDIF que ya tiene las manos llenas –y a veces rebasadas- con la crisis de la niñez abandonada, la violencia de género y la pobreza extrema en el Estado.

¿Realmente tiene el personal del SEDIF, la formación idónea para inspeccionar denuncias de crueldad, operar veterinarias públicas o sancionar agresores?

La Especialización técnica no debe ser sacrificada en el altar de la conveniencia política.

Puebla ocupa el segundo lugar en maltrato animal.

Y, ante este panorama, lo que se necesita un instituto dotado de autonomía y presupuesto no una absorción administrativa como una salida fácil.

La lucha animalista, busca justicia, exigiendo que la Unidad Especializada en delitos contra los animales de la Fiscalía General del Estado, agilice las carpetas de investigación que hoy duermen el sueño de los justos.

La apuesta es alta y el riesgo de inoperancia es latente.

Si la protección animal termina siendo un trámite burocrático más, habremos confirmado que para esta legislatura, la vida de los seres sintientes es una prioridad de segunda clase.

¿Eficiencia administrativa o retroceso?

El tiempo y el Estado de las calles y la ciudadanía dictarán la sentencia. 

X: @dalilavasquez