Cohesión Social

Efecto Acatlán

La crisis política en el Municipio de Acatlán de Osorio, encabezada por la alcaldesa morenista Guadalupe Lucero Bárcenas –conocida como Lupita Bárcena-, ha escaldo al quiebre institucional que trasciende más allá de la Mixteca poblana.

Los regidores realizaron acusaciones que van desde la opacidad financiera, nepotismo y el uso indebido de funciones, alegando la alcaldesa que se tratan solo de chantajes y campañas de intimidación ligadas a la delincuencia. 

Desde una perspectiva jurídica, el conflicto en Acatlán de Osorio ha rebasado las habituales disputas y confrontaciones en un cabildo para convertirse en un tema que, de acuerdo al marco legal, el Congreso del Estado tiene la facultad de intervenir bajo dos principales figuras:

1. La revocación del mandato de la alcaldesa, permitiendo que su suplente asuma el cargo y, 

2. La desaparición del Cabildo en su totalidad para nombrar un Consejo Municipal interino que permitirá gobernar el Municipio.

Cualquiera de estas dos opciones sentará un precedente, el retraso o la tibieza jurídica, provocando la parálisis administrativa de un Municipio que se encuentra en la incertidumbre.

Para el partido morena, el caso de Acatlán de Osorio representa una contradicción que debilita la narrativa de la “austeridad republicana”, cuando la alcaldesa fue exhibida usando un vestido de diseñador, realizado viajes al extranjero en medio de un Municipio con grandes carencias.

Al respecto, algunos diputados ya se han pronunciado, tales es caso del diputado Pavel Gaspar Ramírez quien señaló que el Congreso se encontraba dándole el cauce legal y que el Legislativo actuará con total imparcialidad y de manera técnica bajo la exigencia de que se presenten los expedientes debidamente justificados y apegados a la ley para poder proceder; de la misma forma, el diputado Julio Huerta Gómez expuso que las mesas de mediación con la Secretaria de Gobernación, se había determinado que no existían condiciones de acuerdo, entre la alcaldesa y su Cabildo, precisando que la ley facultaba al Congreso para destituir únicamente a la alcaldesa sin necesidad de remover a todos los regidores.

El Congreso de Puebla enfrenta la obligación de actuar con celeridad mediante la salida jurídica más precisa que le faculta la ley, cualquier dilación no solo prolongará la ingobernabilidad, sino que profundizará la contradicción ética de un proyecto político, esperaremos la decisión en la que se demuestre si las instituciones poblanas son capaces de anteponer la legalidad y la rendición de cuentas por encima de las negociaciones de partido. 

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