Cohesión Social

Congreso de Puebla: conveniencia y desacato

El Honorable Congreso Poblano ha perfeccionado la conveniencia jurídica y la voluntad política como ninguna otra legislatura; en la misma semana, las y los diputados demostraron que a su vez pueden cumplir o no, con lo recomendado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por un lado, la controversia constitucional 217/2025 obligó al Congreso Local a reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en Puebla, eliminando la facultad de la ley local para clasificar información por motivos de seguridad nacional.

La reforma fue aprobada por 29 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones; con ello, se modificaron y derogaron los criterios para reservar información pública bajo el argumento de no comprometer la seguridad nacional, competencia de la Federación.

Y para no perder el drama digno de una novela, las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez (PVEM), Susana Riestra Piña (PAN), Fedrha Suriano Corrales (MC) y Delfina Pozos Vergara (PRI) acusaron a la Dirección Jurídica y la Secretaría General del Congreso de violar el proceso legislativo para realizar las modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al convocar a dos comisiones, Gobernación y Puntos Constitucionales y Transparencia y Acceso a la Información, sesionando sin la presencia de su presidenta, además de denunciar la omisión del área de Asuntos Jurídicos, Estudios y Proyectos Legislativos y de la Secretaría General del Congreso de notificar la existencia de la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Pero, al momento de abordar la reforma al Código Civil para permitir que los menores de edad rectifiquen su identidad de género en sus actas de nacimiento, el verdadero rostro del Congreso poblano surgió; pese a que se venció el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, optaron por solicitar una prórroga, cuando en entrevistas varios de las y los diputados ya habían anunciado un voto en contra, bajo el argumento de una falta de madurez en la toma de decisiones por parte de las infancias.

¿Por qué en un caso se acata con prisa y en el otro se desafía?

Quizá la respuesta no está en la normativa, sino en el cálculo electoral y la próxima contienda electoral.

Al final, el Congreso de Puebla envía un mensaje peligroso: la justicia se respeta solo cuando no quita votos. Cumplir a medias con la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es inconstitucional, es simulación política; mientras sigan midiendo las propuestas con el termómetro electoral, Puebla y los poblanos seguirán en lista de espera, al igual que las 1,605 iniciativas en trámite (84%).

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