Nada Personal
El pasado jueves 30 de abril, concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, compuesto por 500 diputados federales y los 128 senadores de la República, su trabajo es aprobación y discusión de leyes, nos preguntamos ¿Se justifica el pago anual de 13.4 millones de pesos a diputados y 24 millones a senadores?
En un comparativo, un trabajador sujeto a salario mínimo percibe 315.04 diarios, contra los 36, 712 pesos de diputados y 65, 753 pesos de los senadores.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cada diputado en los 32 estados cuesta a los contribuyentes un promedio de 13.4 millones de pesos (mdp) al año y además hay un desequilibrio entre el presupuesto para sus labores y el asignado a los órganos fiscalizadores, que sumados, ascienden a varios millones más.
Lo que nos lleva a considerar que en cada proceso electoral de cada tres años, hay una erogación para gastos de campaña por diputado de 2.2 millones de pesos en promedio, una suma presupuestal alta para un país como el nuestro que busca afianzar a través del voto y en igualdad de circunstancias la competencia política y la democracia.
Salen caros los representantes populares.
De acuerdo con Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del IFE, la democracia mexicana busca afianzar la competencia política bajo las mismas reglas, es un mérito de nuestra transición de más de dos décadas de normalidad democrática consolidaron un sistema de partidos de pluralismo limitado y conlleva que amplios sectores de la sociedad mexicana olvidaran que el objetivo común de la ingeniería institucional de la democracia fue eliminar la desconfianza.
En uno de los cuadernos del IFE, “El costo de la democracia Elementos para una
Revisión Integral”, coordinado por Rodrigo Morales Manzanares, desde hace casi tres lustros el sistema electoral y la alternancia se llevó a cabo en mayor equidad y transparencia, pero aún sin erradicar la desconfianza.
Este es el gran reto ajeno a la competencia electoral e inherente a la educación cívica, que a un año de las elecciones intermedias del 2027 estará a prueba la construcción de una democracia de ciudadanía.
EL COLOFÓN
Se destapa la cloaca en contra de narcopolíticos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, quien fuera elegido Gobernador de Sinaloa después de que los Chapitos le ayudaran a ganar la elección mediante el secuestro e intimidación de sus rivales.
El fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance c. Cole. anunciaron el pasado 29 de abril la apertura de una acusación formal que imputa a Rubén Rocha Moya y una larga lista de altos funcionarios y ex funcionarios del Sinaloa.
El caso ha sido asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla.
Washington inicio la embestida contra narcopolíticos mexicanos.




