Nada personal
La reciente reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa uno de los movimientos más significativos en materia de equidad intergeneracional y sostenibilidad del Estado social mexicano. No se trata únicamente de un ajuste técnico ni de una señal política coyuntural: estamos ante una redefinición del pacto entre el servicio público, la justicia social y la responsabilidad fiscal.
Durante décadas, el debate sobre las altas pensiones ha estado atrapado entre dos extremos: la defensa acrítica de privilegios heredados y la indignación social frente a esquemas percibidos como inequitativos. La reforma rompe esa dicotomía al introducir criterios constitucionales que buscan armonizar derechos adquiridos, racionalidad presupuestaria y principios de igualdad.
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