Al margen del Estado: ¿un estímulo para el cine mexicano?

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con entusiasmo un nuevo estímulo fiscal para la producción cinematográfica y audiovisual. Inclusive, la acompañó la famosísima actriz Salma Hayek, para presentar lo que se calificó como un “apoyo histórico” al cine mexicano.

La escena fue clara y el mensaje optimista: México quiere posicionarse como destino competitivo para la industria audiovisual global, y ahora el cine tiene un nuevo apoyo. Pero en materia fiscal, la palabra apoyo exige análisis estructural. Porque no todos los apoyos apoyan a todos.

El decreto publicado el 16 de febrero de 2026 crea un crédito fiscal (entendido aquí como beneficio en el ámbito del estímulo, no de deuda a Hacienda) transferible de hasta 30 % del costo total del proyecto, con tope de 40 millones de pesos por producción. En abstracto es competitivo; de hecho, lo es frente a estándares internacionales. Pero el acceso está condicionado a umbrales mínimos de gasto en territorio nacional: 40 millones para largometraje narrativo o animación; 20 millones para documental; 5 millones para procesos de VFX o postproducción.

Es decir, para recibir el incentivo, primero hay que poder gastar esas cantidades. Y la diferencia no es menor.

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del IMCINE, el costo promedio de producción ronda los 20 millones de pesos, con una distribución desigual: una proporción relevante de filmes se ubica por debajo de ese monto y solo un porcentaje reducido supera los 50 millones. Esto implica que buena parte del cine independiente opera por debajo del umbral de 40 millones, y que muchos documentales difícilmente alcanzan los 20 millones requeridos. El universo potencial de beneficiarios se reduce.

Para ponerlo en perspectiva, podemos señalar a FOCINE, que funciona como fondo presupuestal directo y es una herramienta cultural antes que industrial, accesible para óperas primas y proyectos de menor escala. También está EFICINE, que permite aportaciones acreditables contra impuesto, sin exigir previamente una escala tan elevada. Aunque, claro, queda una vigilancia completa por parte del SAT.

El nuevo estímulo responde a otra lógica: política industrial creativa. Es sofisticado, competitivo y alineado con prácticas internacionales. Pero no es democratizador.

¿A quién beneficiará? Previsiblemente a productoras consolidadas, coproducciones internacionales, producciones extranjeras que utilicen México como locación y grandes proveedores nacionales.

El problema no es que exista. El problema sería presentarlo como solución integral. El cine independiente —el que suele ganar festivales pero no capital— difícilmente podrá acceder a un esquema que exige gastar 40 millones para recuperar hasta 30 %.

La imagen del anuncio comunica ambición global. México quiere competir. Eso no es negativo. Pero conviene decirlo sin euforia: no es un fondo de rescate cultural. Es una herramienta de posicionamiento industrial.

Tal vez la discusión no sea si el estímulo es bueno o malo, sino si estamos llamando “apoyo al cine mexicano” a lo que, en realidad, es un incentivo para el cine que ya puede financiarse casi solo.

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