Al Margen del Estado: La condonación que no se llama condonación

De la reforma fiscal publicada en 2025 para aplicarse este año pueden decirse muchas cosas: que es abusiva, que amplía en demasía las facultades de Hacienda, que deja poco margen para defenderse y que —más que el dolo— parece castigar el error. Sin embargo, dentro de la propia Ley de Ingresos de la Federación aparece también un pequeñito rayo de luz.

Hace unas semanas, el Servicio de Administración Tributaria anunció un programa de regularización fiscal para 2026 que permite a ciertos contribuyentes ponerse al corriente con el fisco mediante reducciones significativas en multas, recargos e incluso gastos de ejecución. En algunos casos, la reducción puede llegar prácticamente a eliminarlos.

A primera vista, podría parecer una medida administrativa más dentro del catálogo de herramientas recaudatorias del Estado. Pero si se observa con un poco más de atención, el programa revela algo más interesante, que es la necesidad de acelerar ingresos públicos en el corto plazo.

No es difícil entender por qué. En los últimos años, la autoridad fiscal ha acumulado facultades cada vez más amplias: fiscalización basada en cruces masivos de CFDI, cancelación de certificados de sello digital, presunciones de simulación de operaciones y una creciente automatización de los procesos de revisión. Todo ello forma parte de una estrategia para aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos.

El programa de regularización parece insertarse en esa misma lógica.

Apenas el año pasado podían acceder a un estímulo similar los contribuyentes que no rebasaran 35 millones de pesos en ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Pero este año el margen se amplió a contribuyentes que hubieran tenido hasta 300 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior, circunstancia que, por lo menos, resulta llamativa.

Esto sugiere que la medida no está dirigida exclusivamente a pequeños contribuyentes rezagados, sino también a empresas medianas capaces de generar montos recaudatorios mucho más relevantes.

Otro dato interesante es el alcance de los beneficios. Históricamente, en México las autoridades fiscales han estado dispuestas a condonar multas, pero los recargos casi nunca se tocan, pues estos se consideran la compensación financiera por el tiempo en que el Estado no dispuso de esos recursos.

Por eso resulta particularmente llamativo que el programa contemple reducciones que alcanzan recargos y gastos de ejecución, algo poco habitual en la práctica fiscal mexicana. Traducido al lenguaje menos técnico posible: el gobierno parece estar más interesado en cobrar el monto principal ahora que en discutir durante años el monto total de las sanciones.

Naturalmente, el programa evita cuidadosamente la palabra “condonación”. Desde 2019, esa figura quedó prácticamente proscrita del discurso fiscal oficial. Sin embargo, cuando un esquema permite eliminar multas, reducir recargos y facilitar el pago inmediato de adeudos, la diferencia conceptual empieza a volverse… bastante delgada.

Conviene decir que la desaparición política de las condonaciones en 2019 definitivamente fue un error. No porque debieran mantenerse como privilegio discrecional para ciertos contribuyentes (ese fue el discurso oficial), sino porque en momentos extraordinarios —como ocurrió durante la pandemia— pueden convertirse en instrumentos fiscales útiles para estabilizar la economía y, de paso, mantener la recaudación.

El nuevo programa de regularización revela que el Estado necesita recaudación inmediata para sostener las políticas clientelares que lo han caracterizado en este último par de sexenios. Pero también nos dice que, incluso después de haber eliminado las condonaciones, la lógica fiscal termina regresando a ellas por otras vías. Al final, el sistema tributario siempre enfrenta el mismo dilema entre exigir el cumplimiento perfecto… o aceptar que, en ocasiones, es mejor cobrar algo hoy que perseguir todo durante años. Sobre todo cuando, al parecer, “nos urge tanto la lana”.

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