Al margen del Estado: El estímulo al diésel y la lógica de la establización

En días recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público activó un estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel, equivalente a 35.21% para el periodo del 14 al 20 de marzo. En términos prácticos, esto implica una reducción de 2.59 pesos por litro en la carga tributaria, con lo cual los consumidores pagarán alrededor de 4.77 pesos por concepto de este impuesto.

Es una decisión interesante por una doble razón. En primera, porque se trata del primer estímulo de esta naturaleza en lo que va de 2026. Y, sobre todo, porque no se trata de una medida generalizada. Durante el mismo periodo, la gasolina regular (Magna) y la gasolina Premium no cuentan con estímulos fiscales, lo que revela que la decisión no responde a una lógica uniforme, sino a una intervención selectiva.

Para entender esta selectividad es necesario mirar el contexto internacional. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en torno al Estrecho de Ormuz, han generado presiones al alza en los precios de los energéticos. En un mercado globalizado, estos movimientos terminan reflejándose en los costos internos de los combustibles y, en última instancia, en los precios al consumidor final.

Frente a ese escenario, el estímulo al diésel opera, ante todo, como un mecanismo de estabilización y contención inflacionaria. A diferencia de las gasolinas, el diésel es el principal insumo del transporte de carga en México. Su encarecimiento no se queda en el sector energético, sino que se traslada con rapidez a los costos de alimentos, materiales de construcción y mercancías en general, impactando directamente en la inflación subyacente.

Desde esta perspectiva, la decisión de Hacienda parece responder a un criterio económico que consiste en intervenir únicamente en el punto donde el efecto inflacionario es más inmediato y más amplio. Las gasolinas, en cambio, presentan dinámicas distintas. La regular se encuentra sujeta a acuerdos de estabilización de precios, mientras que la Premium, por su menor volumen de consumo, permite que el mercado absorba con mayor facilidad las variaciones.

El resultado es un uso diferenciado del sistema fiscal. El IEPS deja de operar como un impuesto rígido y se convierte en una herramienta flexible que se ajusta en función de variables externas, particularmente los precios internacionales de los energéticos y sus efectos internos.

No obstante, esta flexibilidad tiene implicaciones. Cada peso que se deja de recaudar mediante estos estímulos supone una presión adicional sobre las finanzas públicas, especialmente en un entorno en el que el gobierno ha optado por no impulsar una reforma fiscal estructural. En ese contexto, la política fiscal termina descansando en una combinación de mayor fiscalización, esquemas de regularización y ajustes selectivos como el que ahora se observa.

Al final, el estímulo al diésel ilustra una característica cada vez más evidente del sistema tributario mexicano: su transformación en un instrumento de gestión económica. Más que limitarse a recaudar, el Estado también puede utilizar el sistema fiscal para amortiguar choques externos y modular sus efectos internos. Y en un entorno global incierto, esa capacidad de ajuste, aunque costosa, se vuelve central para preservar la estabilidad.

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