A la vista pública: Reforma electoral: entre la austeridad democrática y la tentación

La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abre un debate que México no puede tomar a la ligera. Las reglas del juego democrático no son simples ajustes administrativos: constituyen el andamiaje institucional que sostiene la representación política, la competencia electoral y el equilibrio de poder en el país.

El planteamiento del Ejecutivo descansa sobre tres grandes pilares: reducir los costos del sistema electoral, modificar el mecanismo de elección de legisladores plurinominales y fortalecer los instrumentos de participación ciudadana. En principio, se trata de objetivos legítimos. México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo, y la percepción pública sobre las llamadas “pluris” suele asociarse con cuotas partidistas, premios a la lealtad o refugio político de figuras que difícilmente ganarían en las urnas mediante voto directo.

Bajo esa lógica, la propuesta de sustituir parte de los plurinominales por los llamados “mejores perdedores” y por listas votadas directamente por los ciudadanos podría corregir una distorsión histórica: que las dirigencias partidistas decidan desde sus cúpulas quién llega al Congreso. Dar mayor peso al voto directo no sólo parece razonable, sino que también responde a una demanda social cada vez más visible de mayor transparencia, rendición de cuentas y legitimidad en la integración del Poder Legislativo.

Sin embargo, las reformas electorales no se juzgan únicamente por sus intenciones, sino por los efectos que pueden generar en la estructura del poder político.

Uno de los riesgos señalados por distintos analistas es que la nueva fórmula podría debilitar aún más a las fuerzas políticas minoritarias, particularmente a partidos que ya atraviesan un proceso de desgaste, como el PRI. En un sistema donde el partido dominante posee actualmente una amplia ventaja territorial y electoral, cualquier modificación que reduzca los espacios de representación proporcional podría terminar consolidando esa hegemonía.

A ello se suma la propuesta de reducir el financiamiento público a partidos y organismos electorales en un 25%. Si bien la austeridad puede ser bien recibida por una opinión pública crítica del gasto político, también existe el riesgo de debilitar capacidades institucionales del sistema electoral, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE), una institución que durante décadas ha sido pieza clave en la construcción de confianza ciudadana en los procesos electorales.

Otro punto delicado es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que ha permitido ofrecer información oportuna y certidumbre la misma noche de la elección. Sustituirlo por cómputos inmediatos podría resultar eficiente en términos administrativos, pero también abre interrogantes técnicas sobre la transparencia, la rapidez y la confiabilidad del escrutinio.

La reforma, en suma, refleja una tensión clásica en las democracias contemporáneas: cómo hacer más eficiente y cercano el sistema electoral sin erosionar los contrapesos que garantizan la pluralidad política.

Reducir costos, democratizar las candidaturas y ampliar la participación ciudadana son objetivos loables. Pero cuando se trata de reglas electorales, la prudencia es indispensable. Las reformas en esta materia deben construirse con responsabilidad institucional y con una visión de Estado que trascienda la coyuntura política.

En ese sentido, la iniciativa presentada por la presidenta abre una discusión pertinente sobre la modernización de nuestras reglas electorales. Su viabilidad y alcances deberán ser analizados con profundidad en la Cámara de Diputados, donde corresponde evaluar sus implicaciones jurídicas, políticas e institucionales.

Si el proceso legislativo logra perfeccionar la propuesta y asegurar que sus ajustes fortalezcan la pluralidad, la confianza ciudadana y la calidad de la representación política, esta reforma podría convertirse en un paso relevante hacia la consolidación de una nueva etapa de la democracia en México.