Sin cifra oficial de declaraciones por explosiones en Tepeaca, Puebla

PUEBLA, Pue., 15 de junio de 2026.- A once días de las explosiones registradas en un inmueble utilizado para el almacenamiento ilegal de gas LP en el municipio de Tepeaca, las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que hasta el momento exista información oficial sobre el número de policías o autoridades que han comparecido ante el Ministerio Público Federal.

Las indagatorias se mantienen bajo reserva debido a la naturaleza federal de los delitos que se investigan, los cuales están directamente relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos y la operación de predios presuntamente vinculados al robo de combustible, conocido como huachigás.

Tras los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en la junta auxiliar San Juan Negrete, el gobierno estatal ordenó el relevo del comandante y de todos los policías estatales asignados al municipio de Tepeaca. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció que existieron omisiones en las tareas de vigilancia de la zona donde operaba el inmueble siniestrado; no obstante, precisó que será la autoridad ministerial la encargada de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Como parte de las investigaciones, autoridades federales y estatales ampliaron la revisión de inmuebles en la región y ubicaron al menos cuatro predios más que presuntamente eran utilizados para actividades relacionadas con el almacenamiento irregular de gas LP.

Hasta este lunes no se han reportado detenciones de servidores públicos ni imputaciones formales contra mandos o elementos policiales por estos hechos. Tampoco se ha informado oficialmente cuántos agentes de seguridad, funcionarios municipales o autoridades estatales han rendido declaración dentro de las carpetas de investigación.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar la operación de la red dedicada al robo y almacenamiento clandestino de combustible, así como posibles actos de protección u omisión por parte de servidores públicos.