Sanciona Poder Judicial a 25 servidores, de los más de 800 expedientes

PUEBLA, Pue., 27 de agosto de 2026.- Más de 800 expedientes por posibles irregularidades han llegado al Poder Judicial de Puebla durante el último año, pero solo 25 servidores públicos han terminado con alguna sanción, lo que refleja la diferencia entre las denuncias investigadas y los casos que finalmente derivan en un castigo.

Entre los sancionados hay cinco jueces, además de auxiliares, diligenciarios y notificadores. De este grupo, cinco trabajadores fueron inhabilitados durante un año, mientras que otros recibieron suspensiones por las conductas detectadas durante los procedimientos.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Martínez Hernández, explicó que muchas de las quejas salen a la luz durante los recorridos que realizan por los juzgados, donde ciudadanos y abogados les cuentan directamente cuando detectan alguna situación irregular.

Estos señalamientos posteriormente son canalizados al Órgano Interno de Control, donde deben presentarse formalmente para que puedan comenzar las investigaciones y, en caso de encontrar responsabilidades, determinar las sanciones correspondientes.

Sin embargo, los procedimientos no terminan necesariamente con un castigo inmediato, ya que los trabajadores señalados pueden recurrir las resoluciones mediante las vías legales disponibles. Incluso, una servidora pública presentó un amparo y el Poder Judicial aún está a la espera de conocer la resolución.

Cecofam, uno de los casos bajo investigación

Entre los asuntos que han encendido las alertas se encuentra el Centro Estatal de Convivencia Familiar (Cecofam), donde 13 trabajadores fueron removidos de sus cargos por presuntamente cobrar dinero a familias para favorecer a alguna de las partes involucradas en procesos judiciales.

No se trató de un solo perfil laboral. Las indagatorias alcanzaron a psicólogos, trabajadores sociales, médicos, directivos y jefes de departamento, es decir, personal que tiene participación en asuntos relacionados con la convivencia, las visitas y la custodia de menores.

La investigación tomó especial relevancia porque se identificaron transferencias de dinero hacia cuentas personales de los trabajadores. En algunos casos, los depósitos llegaron a las mismas cuentas bancarias utilizadas por los empleados para recibir su salario.

Ahora las autoridades buscan determinar si esos pagos estuvieron relacionados con dictámenes o actuaciones dentro de los procesos familiares y si los servidores públicos aprovecharon sus puestos para beneficiar a alguna de las partes.

Martínez Hernández no informó cuánto dinero habrían cobrado los trabajadores señalados, debido a que los procedimientos de responsabilidad continúan abiertos y la investigación todavía debe determinar qué ocurrió en cada caso.