Ordena juez a Derechos Humanos de Puebla atender a víctima

PUEBLA, Pue., 1 de septiembre de 2026.-Un juzgado federal en Puebla ordenó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitir un nuevo acuerdo y responder de manera integral a la queja presentada por Fernando Juárez Morales, quien reclama el reconocimiento de su calidad de víctima de error judicial y medidas de protección como defensor de derechos humanos.

A través de la sentencia de amparo 1257/2026-VI-A, la autoridad judicial determinó que la Comisión incurrió en una omisión al no pronunciarse de manera completa sobre las solicitudes planteadas por Juárez Morales en un escrito de queja presentado el 22 de junio de 2026, relacionado con actuaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).

El afectado reclamó que la Comisión de Derechos Humanos no resolvió de manera integral su petición, particularmente respecto al reconocimiento de su calidad de víctima por un presunto error judicial, la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, la realización de investigaciones y el otorgamiento de medidas de protección debido a su carácter de defensor de derechos humanos.

De acuerdo con la resolución, aunque la Comisión inició el trámite de la queja y turnó el expediente correspondiente, omitió pronunciarse de manera total sobre las pretensiones específicas planteadas por el ciudadano.

Por ello, el juzgado federal concluyó que se vulneró el derecho de acceso a una justicia completa y expedita, además de los principios de fundamentación y motivación que deben cumplir los actos de las autoridades.

Como consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos deberá emitir un nuevo acuerdo dentro de un plazo de tres días, en el que atienda formalmente todos los planteamientos realizados por el quejoso.

Fernando busca reparación tras pasar nueve años en prisión

Fernando Juárez Morales lleva varios años buscando que las autoridades reconozcan que fue víctima de un error judicial y que se le otorgue una reparación integral del daño.

Su historia se remonta a 2013, cuando fue detenido en Puebla y acusado de los delitos de usurpación de funciones, cohecho y posesión de un vehículo con reporte de robo.

Desde el inicio, Juárez Morales rechazó las acusaciones y solicitó la realización de pruebas periciales para demostrar su inocencia. Sin embargo, sostuvo que no contó con las condiciones necesarias para ejercer una defensa adecuada y permaneció nueve años en prisión, pese a que asegura no haber cometido los delitos que se le imputaron.

Tras recuperar su libertad, emprendió una batalla jurídica para que las autoridades reconozcan el daño ocasionado y se concrete una reparación integral.

Recientemente, acudió a las instalaciones de la CEEAVI para iniciar el proceso relacionado con la reparación del daño. Sin embargo, cuestionó que la respuesta recibida por la institución no estableciera con claridad qué autoridad debía hacerse cargo de dicha reparación.

“Era ambigua, o sea, la respuesta que me dio la CEEAVI dijo que tenía derecho a la reparación del daño, pero no contestan quién me la tiene que hacer”, explicó Fernando en entrevista.

Ante esta situación, señaló que promovió una inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, recurso que fue desechado, por lo que posteriormente presentó otro recurso y se encuentra a la espera de una resolución.

Se reúne con presidenta de Derechos Humanos pero no hubo resultados

En el marco de esta búsqueda de justicia, Fernando Juárez Morales sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya en febrero, a quien expuso su caso y las omisiones que, afirma, ha enfrentado por parte de distintas autoridades.

De acuerdo con Fernando, durante la reunión la presidenta de la Comisión manifestó su disposición para realizar gestiones y promover posibles recomendaciones contra las instituciones involucradas.

“Me dijo (Rosa Isela) que haría todas las gestiones para que hicieran las recomendaciones (...) que llegáramos a un acuerdo para que se sancionaran esas conductas omisas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) y la Fiscalía”, relató para Quadratín Puebla el pasado 24 de agosto de 2026.

El fallo federal coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de las instituciones encargadas de atender a víctimas y proteger los derechos humanos, particularmente cuando una persona reclama que las propias autoridades han omitido responder de manera completa a sus peticiones.