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PUEBLA, Pue., 5 de octubre de 2026.- El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la IBERO Puebla condenó el feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ocurrido el pasado 3 de octubre en San Andrés Cholula, y advirtió que su caso se suma al contexto de violencia feminicida que persiste en la entidad.
A través de un pronunciamiento, el instituto expresó su solidaridad con la familia, amistades y personas cercanas a María Fernanda, al tiempo que exigió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla ha contabilizado 44 probables feminicidios en Puebla en lo que va de 2026, cifra que contrasta con las siete carpetas de investigación por el delito de feminicidio reportadas por la Fiscalía estatal durante el mismo periodo.
Estos datos representan un aumento pues en el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2025, el Observatorio contabilizó 32 probables feminicidios, mientras que la FGE reportó 25 carpetas de investigación por feminicidio durante ese año.
La institución señaló que el feminicidio de María Fernanda “no es un hecho aislado”, sino que se inscribe en un contexto de violencia contra las mujeres en Puebla, por lo que demandó verdad, justicia y garantías de no repetición.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría también pidió esclarecer la demora reportada en las diligencias relacionadas con el caso, así como determinar si existieron posibles omisiones por parte de las autoridades y, en su caso, adoptar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Asimismo, exigió que las autoridades proporcionen a la familia información clara y periódica sobre los avances de la investigación y garanticen su participación efectiva en el proceso.
La IBERO Puebla exhortó además a los medios de comunicación y a la sociedad a respetar la memoria de María Fernanda y la privacidad de su familia, evitando discursos que culpabilicen a las víctimas o normalicen la violencia contra las mujeres.