Fundación Julita y Antonio denuncia a juez penal local

PUEBLA, Pue., 13 de octubre de 2026.- A tres años del litigio para la restitución de predios de la Fundación “Julita T. Viuda de Del Valle y Antonio del Valle Talavera”, los representantes legales ratificaron ante la Fiscalía General del Estado una demanda penal contra el juez Francisco Javier Martínez Castillo.

En la denuncia de hechos, la Fundación acusa a Martínez Castillo, en su carácter de juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal, por conductas constitutivas del delito contra la Procuración y Administración de Justicia, previsto en el artículo 421 del Código Penal.

Luego de lograr los abogados del Instituto de Asistencia Privada acciones legales contra uno de tres invasores, en este caso Jorge Mendoza González, quien fue vinculado a proceso penal, se fijó una audiencia para el 22 de septiembre de 2026.

La audiencia fijada para el 22 de septiembre era relevante porque obligaría a la restitución del predio invadido, pero el juez denunciado Martínez Castillo canceló la audiencia, con el argumento de un presunto amparo promovido por el imputado Mendoza González.

Jorge Mendoza, al frente de un grupo de 50 personas armadas, invadió y despojó de manera violenta a la Fundación un total de 8.5 hectáreas de La Covadonga, acción ilegal cometida el 9 de abril de 2023.

Los abogados de la Fundación “Julita y Antonio” presentaron la denuncia por invasión y despojo ante la FGE donde se integró la investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-1/007677/2023 y con la causa penal 135/2023/Puebla señalaron a Jorge Mendoza González.

Sin embargo, el juez de control Enrique López Criollo, desestimó pruebas aportadas y no lo vinculó a proceso penal, pero fue revocada mediante amparo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

La Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado repuso el procedimiento y vinculó a proceso penal al imputado, a quien le impuso medidas cautelares como pagar una fianza, firmar mensualmente ante el TSJE, le retiraron el pasaporte y no acercarse al predio, a la Fundación y los abogados.

El 14 de mayo la defensa legal de la Fundación solicitó al juez la restitución del predio de manera provisional, pero la audiencia para desahogar la petición ha sido aplazada sistemáticamente por el propio juez del Poder Judicial del Estado.

Fijada la audiencia para el 22 de septiembre, el juez Francisco Javier Martínez la suspendió con el argumento de la existencia de un presunto amparo otorgado al imputado, sin presentar pruebas de fecha de trámite ni suspensión alguna.

Ante esta acción del juez oral penal, la Fundación presentó la demanda penal en la FGE contra el juez para que se investigue y requiera al Juzgado de Oralidad Penal “copia certificada del escrito presentado por Jorge Mendoza González, mediante el cual informó la promoción del juicio de amparo y solicitó el diferimiento de la audiencia, incluyendo la constancia de su fecha y hora de presentación”.

Piden además a la FGE se requiera a la autoridad federal que conozca del juicio de amparo promovido por Jorge Mendoza González informe si, al momento en que fue dejada sin efectos la audiencia, existía alguna suspensión provisional, definitiva o cualquier otra determinación que impidiera jurídicamente la celebración de la audiencia.

La suspensión de la audiencia por el juez oral penal impidió debatirse la restitución de un inmueble propiedad de la Fundación, “impidiendo que dicha cuestión pudiera ser atendida y resuelta en la fecha prevista”.

Sin que hubiere mandamiento judicial ni razón jurídica que impidiera la celebración de la audiencia, perjudicó a la víctima “en tanto que se sigue prolongando la privación de sus derechos (…) poniendo en desventaja” a la Fundación, frente al imputado Mendoza González.

Jesús González Schmal, en su carácter de apoderado legal de la Institución de Asistencia Privada Julita y Antonio, pide a la FGE inicie la investigación contra el juez Francisco Javier Martínez Castillo, y “llevarlas hasta las últimas consecuencias” en protección de la víctima, así como reparar el daño, con la restitución de los bienes objeto de la invasión y el despojo.

Pero el litigio de la Fundación no termina con la denuncia penal contra el juez Martínez; el otro frente está relacionado con un procedimiento administrativo por denuncia ciudadana ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, quien, a través de su titular, Karina Romero, se niega a demoler las obras ilegales en el predio invadido.

No terminan ahí los problemas legales para la Fundación en defensa de sus bienes, pues litiga contra otro invasor identificado como José Guadalupe, alias “el More”, quien el 9 de febrero de 2025 ingresó con un grupo armado para invadir 3.9 hectáreas.

En marzo de ese año, con la denuncia ante la FGE FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025, logró la judicialización de la denuncia para la vinculación a proceso del invasor y sus cómplices.

Empero, hay un tercer invasor, se trata de Carlos Talavera Pérez, quien invadió y despojó a la Fundación de más de 2 hectáreas de los terrenos de La Covadonga, mediante el uso de documentos apócrifos.