Detención de Enrique Romero exhibe antecedentes de denuncias contra jueces locales
PUEBLA, Pue., 21 de octubre de 2026.- Habitantes de San Miguel Xoxtla y activistas defensores del agua exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitir una recomendación por la confrontación entre policías estatales y pobladores ocurrida el pasado 7 de octubre, durante las protestas contra la perforación de un pozo en el parque Pavigi.
Durante una rueda de prensa a las afueras del organismo, los inconformes acusaron que las autoridades ejercieron actos violentos contra habitantes de la comunidad por lo que se presentó una queja a la CDH.
El activista Pascual Bermúdez, junto con Renato Romero, también defensor del agua, rechazó que las labores de extracción y perforación del pozo tuvieran como objetivo beneficiar a la población, como sostuvo la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, en un comunicado. Los activistas señalaron que, hasta el momento, las autoridades no han instalado las mesas de diálogo que, aseguraron, se acordaron después de que la comunidad se opusiera a la obra.
Como Quadratín Puebla informó, la madrugada del 7 de octubre habitantes de San Miguel Xoxtla se congregaron en la zona de los pozos para impedir que continuaran los trabajos de extracción de agua, pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal. Videos difundidos en redes sociales mostraron a pobladores concentrados en el lugar durante la movilización. Aunque hubo presencia de personal de Derechos Humanos durante la protesta de la comunidad de Xoxtla, el organismo no realizó hasta el momento ninguna observación por los hechos registrados.
Durante la rueda de prensa, Romero y Bermúdez también denunciaron presunta persecución política por participar en movimientos de defensa del agua. En el caso de Romero, recordaron que fue detenido por agentes ministeriales el 1 de julio de 2025, en la colonia Granjas Puebla de la capital poblana, cuando se dirigía a una asamblea en Nealtican.
Después de ser presentado ante la Casa de Justicia, fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cholula. En ese momento, su familia y organizaciones sociales denunciaron presuntas irregularidades en el procedimiento, entre ellas agresiones físicas y una desaparición forzada transitoria, debido a la demora de las autoridades para confirmar su ubicación.
Por su parte, Bermúdez señaló que durante una protesta en la autopista México-Puebla intentaron detenerlo, pero logró escapar.
Los inconformes insistieron en que el organismo debe investigar los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre y emitir una recomendación, mientras persiste la falta de diálogo con las autoridades sobre el proyecto de perforación del pozo en el parque Pavigi.




